Imagen de la portavoz de Agua del PP en las Cortes Valencianas, María Gómez
El PP exige al Gobierno de Sánchez una auditoría integral de las presas estatales en la Comunidad Valenciana ante el riesgo de lluvias torrenciales
La portavoz de Agua del Grupo Parlamentario Popular (GPP) en las Cortes Valencianas, María Gómez, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez una auditoría técnica integral, independiente y externa de todas las presas de titularidad estatal de la Comunidad. Así consta en una Proposición No de Ley presentada por el GPP que reclama que esta evaluación comprenda una revisión del estado estructural de las presas, los órganos de desagüe, los sistemas de auscultación y vigilancia, las comunicaciones y los mecanismos de planificación y respuesta ante emergencias.
«La seguridad de las presas no admite improvisaciones. En una comunidad expuesta a lluvias torrenciales necesitamos saber que estas infraestructuras están en condiciones y que todos los mecanismos de vigilancia y emergencia funcionan correctamente», ha señalado Gómez, justo en un momento en que se ha activado la alerta roja por lluvias y tormentas fuertes en las provincias de Castellón y Valencia.
La iniciativa reclama además un informe exhaustivo de todas las inversiones realizadas en los últimos ocho años en mantenimiento, conservación y seguridad de cada presa, diferenciando las cantidades presupuestadas de las efectivamente ejecutadas.
La portavoz de Agua del GPP ha explicado que es necesario saber «qué se ha invertido, qué actuaciones se han realizado y qué necesidades siguen pendientes. Es decir, conocer el estado real de cada infraestructura y actuar antes de que llegue una emergencia».
Por último, la iniciativa parlamentaria reclama al Ejecutivo socialista un plan plurianual de inversiones específico de seguridad de presas, con presupuesto suficiente, calendario y prioridades técnicas en función del estado de cada infraestructura y del riesgo para las poblaciones situadas aguas abajo. «Ante episodios como el que estamos viviendo estos días, la prevención no puede quedarse en palabras. El Gobierno debe asumir su responsabilidad y garantizar la seguridad de las presas de su competencia», ha concluido.