Un pueblo de Castellón suma ocho años y medio sin instituto a la espera de que Compromís urbanice la parcela

Borriol acumula ya ocho años y seis meses de espera desde que el Ayuntamiento, con la alcaldía en manos de Compromís, dio el primer paso formal para hacer realidad su instituto público, y los alumnos siguen sin poder estudiar en un centro definitivo. Desde el curso 2019-2020, las enseñanzas de Secundaria se desarrollan en aulas prefabricadas, una solución que nació con carácter provisional y que se ha convertido en el escenario habitual para varias generaciones de estudiantes.

El proyecto continúa pendiente de completar los trámites urbanísticos que permitan poner el solar a disposición de la Generalitat Valenciana y comenzar la construcción del edificio, pese a que en los últimos meses se han producido avances en la titularidad de los terrenos y en la financiación prevista para la obra.

El portavoz municipal del Partido Popular en Borriol, Enrique Esteve, sostiene que el municipio no puede seguir acumulando plazos sin una fecha concreta para disponer del instituto y reclama al gobierno local, formado por Compromís, PSPV-PSOE y Ciudadanos, que acelere los trabajos que todavía dependen del Ayuntamiento.

«Este instituto debería estar ya construido y operativo», afirma Esteve, que considera especialmente difícil de asumir que, después de más de ocho años desde el acuerdo inicial, los estudiantes continúen en instalaciones provisionales.

El calendario explica buena parte de la magnitud de la espera. El 27 de marzo de 2018, el pleno del Ayuntamiento de Borriol aprobó una modificación de crédito destinada a adquirir los terrenos para levantar el futuro IES. Desde entonces han transcurrido ocho años y medio. Durante buena parte de ese periodo, el principal obstáculo fue precisamente conseguir la propiedad de la parcela, un proceso que terminó resolviéndose este año.

De la titularidad, a la urbanización

El Ayuntamiento comunicó en junio que el solar destinado al instituto ya había pasado a ser de titularidad municipal tras culminar los trámites administrativos necesarios. Ese cambio supone un avance respecto a la situación descrita meses atrás, cuando la parcela todavía estaba inmersa en el procedimiento de adquisición y expropiación, pero no significa que el terreno pueda ser entregado inmediatamente a la administración autonómica.

El siguiente escollo está en la urbanización del ámbito donde se encuentra el solar. El Consistorio debe garantizar las condiciones necesarias para que la parcela pueda ponerse a disposición de Educación, mientras que alrededor existen terrenos de otros propietarios que también afectan al desarrollo de los accesos y de las infraestructuras del futuro centro.

Según el PP, los técnicos municipales han cifrado en alrededor de 1,1 millones de euros el coste de las actuaciones de urbanización pendientes, una cantidad que, además, no incluiría la adquisición de todo el suelo necesario para ejecutar los accesos. Esteve reclama que se actúe sobre esos terrenos anexos y que el Ayuntamiento concrete tanto los trámites pendientes como su coste y los plazos previstos.

Riesgo de bloqueo en el proyecto

A su juicio, obtener finalmente la propiedad del solar principal ha sido un paso importante, pero ahora existe el riesgo de que el proyecto vuelva a quedar bloqueado durante años si no se acomete el desarrollo urbanístico.

El PP sostiene además que ya había advertido de esta necesidad durante la tramitación de los presupuestos municipales. Según la formación, en 2025 planteó reservar una partida para comenzar los trabajos de urbanización durante 2026, una propuesta que asegura que fue rechazada por el gobierno de Compromís.

Desde el Ayuntamiento, sin embargo, la situación se presenta con un balance diferente. El Gobierno de Compromís ha defendido que la incorporación del solar a su patrimonio supone un avance decisivo y que mantiene abierta la interlocución con la Conselleria de Educación para acelerar el proyecto.

En junio, el alcalde, Héctor Ramos, trasladó a la Dirección Territorial de Educación que la parcela ya era municipal y planteó la posibilidad de coordinar las obras de urbanización con la construcción del instituto para reducir los tiempos. La respuesta de la administración educativa fue que, en ese momento, no era posible ejecutar simultáneamente ambas actuaciones.

La financiación autonómica es otro elemento que ha cambiado respecto a las informaciones difundidas a comienzos de año. El Ayuntamiento comunicó en julio que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana había desestimado el recurso de lesividad presentado por la Generalitat y que se mantenía la financiación prevista para la construcción del centro.

Se trata de una partida de 10.825.918,56 euros concedida dentro del plan Edificant en 2023. El Consistorio considera que mantener esos fondos permite conservar una vía de financiación para cuando se complete la parte urbanística que todavía corresponde al municipio.

Mientras los trámites avanzan sobre el papel, las aulas provisionales continúan siendo la realidad cotidiana de los estudiantes y profesores de Borriol. La localidad ha experimentado además un crecimiento demográfico significativo. Según los datos citados por el Ayuntamiento, superó los 6.000 habitantes al cierre de 2025, frente a los 5.187 registrados en 2016.

La controversia política se centra ahora, por tanto, en un punto diferente al de hace unos meses. El solar principal ya es municipal y existe una financiación de casi 11 millones de euros para levantar el edificio, pero todavía falta completar el desarrollo urbanístico necesario antes de que pueda avanzar la construcción.

El Ayuntamiento asegura que está trabajando para desbloquear esa fase y que ha solicitado estudiar fórmulas que permitan acortar los plazos; el PP, por su parte, reclama que se concrete cuanto antes cuándo se urbanizará el ámbito, cuánto costará y cuándo podrá producirse la cesión efectiva a Educación.