Vivienda en la Comunidad Valenciana: de la política de anuncios a la política de hechos
La diferencia de filosofía es abismal. PSOE y Compromís creen que la vivienda es un eslogan para una pancarta, para hablar de derecho a la vivienda mientras no entregan ni una llave
En vivienda, como en todo, hay dos formas de gobernar. La del anuncio y la del hecho. La de la maqueta y la de la llave. Durante los ocho años del gobierno del PSOE-Compromís, la Comunidad Valenciana sufrió la primera. Desde que gobierna el Partido Popular, está experimentando la segunda.
El balance del Botànic de PSOE y Compromís en materia de vivienda pública es hoy indefendible con datos en la mano. Prometieron 1.700 viviendas de protección pública. Anunciaron planes con nombres deslumbrantes, leyes de función social y registros que nunca funcionaron. ¿El resultado?, el propio Consell lo ha recordado con una cifra que lo dice todo: en ocho años no lograron licitar ni una sola vivienda de protección pública nueva. Cero licitaciones.
En la ciudad de València, donde gobernaban los mismos socios, se produjo la misma realidad en ocho años de gobiernos de la izquierda solo se entregaron 14 viviendas de protección pública. 14 viviendas en 8 años en la tercera ciudad de España, mientras el precio del alquiler se disparaba un 40% y miles de jóvenes hacían las maletas.
No fue falta de dinero. Fue un modelo. El modelo del Botànic encareció el módulo de la vivienda protegida más de un 22%, de 1.800 a 2.200 euros por metro cuadrado, haciendo inviable cualquier promoción. Tardaba 327 días de media en abonar una ayuda al alquiler. Es decir, casi un año para pagar una ayuda que debía ser urgente. Y convirtió el acceso a la vivienda en una carrera de obstáculos burocrática donde el propietario era el enemigo. Su política fue intervenir contra el mercado, no construir con el mercado. El resultado fue el colapso: menos oferta, precios más altos y cero vivienda pública.
El giro con el gobierno del Partido Popular es radical, y no es ideológico, es aritmético. Frente a la política de anuncios, la política de hechos. Y en esa gestión ha estado desde el comienzo de la legislatura la vicepresidenta primera Susana Camarero.
La Consellería de Vivienda desde el minuto cero puso en marcha el Plan VIVE con un objetivo claro: 10.000 viviendas protegidas en esta legislatura. Hoy ya hay más de 6.600 viviendas protegidas en marcha, de las cuales el 70% son de promoción pública directa. No son anuncios en un PowerPoint, son solares cedidos por 319 ayuntamientos, de todos los colores políticos, que han firmado el convenio con la Generalitat. Son proyectos redactados y grúas.
La fórmula es simple y por eso funciona: la Generalitat asume todos los trámites del proyecto, liberando a los ayuntamientos de una gestión para la que no tienen capacidad técnica, y a cambio el ayuntamiento amplía su parque público. En La Pobla de Vallbona, por ejemplo, más de 60 viviendas nuevas, de las cuales el 10% se queda como patrimonio municipal para alquiler asequible y el 40% reservado a jóvenes menores de 35 años. Eso es construir.
En València, el Ayuntamiento del PP se comprometió a llegar a 2027 con más de 1.000 viviendas públicas y de alquiler asequible, y ya lleva más de 450 habilitadas. Y mientras tanto, el tiempo de pago de las ayudas al alquiler ha pasado de 327 días a 95 días, porque se ha eliminado burocracia.
Pero el Partido Popular no se ha quedado solo en el ladrillo. Ha entendido que el problema de la vivienda no se resuelve contra los propietarios, se resuelve con ellos. Por eso, frente a la demonización del Botànic, ha desplegado ayudas directas que funcionan: avales públicos para la entrada que ya han beneficiado a 3.700 jóvenes, ayudas de 1.000 euros para primera vivienda a menores de 35 años, y una reforma fiscal que hace que la compra sea posible.
En la Consellería de Vivienda se ha atacado el problema de raíz: el suelo. El Botànic no desbloqueó suelo en ocho años. El PP trae la nueva Ley del Suelo que movilizará 10 millones de metros cuadrados de suelo industrial y residencial. Sin suelo no hay casas. Sin casas, los precios no bajan.
La diferencia de filosofía es abismal. PSOE y Compromís creen que la vivienda es un eslogan para una pancarta, para hablar de derecho a la vivienda mientras no entregan ni una llave. Es la política del anuncio.
El Partido Popular cree que la vivienda es una llave que hay que entregar. Su política es licitar, construir, pagar las ayudas en 95 días, avalar a los jóvenes, desburocratizar y poner suelo en el mercado. Es la política de los hechos.
Los valencianos sabemos que hay una política de vivienda que funciona y otra que nos llevó al fracaso. Las cifras de vivienda iniciada en la Comunidad han aumentado el doble que la media española, un 42% frente al 21%. No es casualidad. Cuando un gobierno deja de poner trabas y se pone a construir, la inversión vuelve y las casas aparecen.
Queda mucho por hacer, porque ocho años de parálisis no se arreglan en una legislatura. Pero el camino está marcado. De las 14 viviendas en ocho años a las 6.600 en marcha. De los 327 días de espera a los 95. De la maqueta a la grúa. Esa es la diferencia entre una política que anunciaba pisos y una política que los entrega.