Oliva alertó al Gobierno hace un año de que la paralización de una obra antirriadas suponía «un riesgo para la vida»

El Gobierno de Pedro Sánchez desoyó las advertencias ante el peligro que implicaba la rambla de Gallinera sobre el municipio de Oliva. El Consistorio, del municipio en el que la dana Adam ha dejado dos fallecidos, aprobó el 31 de julio de 2025 exigir al Ejecutivo sanchista retomar las obras antirriadas que llevaban paralizadas desde hace trece años y que cuya no realización suponía «un riesgo para la vida».

Desde la última petición oficial del pleno del Ayuntamiento de Oliva hasta la dana Adam han pasado 448 días. En todo ese periodo no se reactivó una obra licitada en el año 2009 y que Acuamed adjudicó a Torrescámara y Sogeosa.

Entre 2013 y 2014 los trabajos para crear una «presa de laminación» en la rambla de Gallinera quedaron paralizados por diversos problemas «en la cimentación prevista». El terreno presentaba un estado diferente al previsto inicialmente.

En 2016 estallaría el 'caso Acuamed', por el que se investigó la legalidad en las adjudicaciones y licitaciones de obras hídricas por parte de la empresa pública. Los trabajos en Oliva estaban también incluidos en la documentación judicial.

A ello hay que sumarle que Acuamed decidió suspender y rescindir el contrato con Torrescámara y Sogeosa, una decisión que acabó en la Corte de Arbitraje de Madrid obligación a la empresa pública a indemnizar con tres millones de euros, resolución que finalmente fue sentenciada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid.

El embrollo judicial dejó en el letargo esta presa con la que se pretendía mitigar los posibles efectos ante una súbita crecida de la rambla.

El 14 de abril de 2025 el Gobierno reconoció a la diputada de Compromís, Àgueda Micó, que sobre las obras pendientes «se prevé la redacción de un estudio de alternativas en el que se definirá la solución más adecuada para la presa; tras lo cual se redactará el proyecto y se acometerán las obras correspondientes».

La segunda voz de alarma llegó desde la propia Oliva. El 31 de julio el pleno del Ayuntamiento aprobó, con los votos en contra del PSOE y del propio Compromís, exigir al Gobierno la finalización de la presa en la rambla de Gallinera. En ese caso lo más sorprendente es la premonición consistorial sobre la situación que podía provocar tras paralización.

El Ayuntamiento consideró que las obras no realizadas servirían para «mitigar riesgos naturales por inundaciones o sequía, considerando los riesgos a la vida e integridad humana que provoca la falta de presa de laminación».

448 días después, una inundación acabó con la vida de dos personas, una anciana y un hombre en un camping (la causa del fallecimiento del agricultor parece ligada a una causa personal). Y en lo material, ya se han registrado más de 2.000 solicitudes de indemnizaciones ante el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS).

La rambla de Gallinera llegó a 19 metros cúbicos por segundo, superando el límite amarillo que la Confederación Hidrográfica del Júcar sitúa en los 15 metros cúbicos por segundo, pero también provocó una inundación en toda la zona de la playa de Oliva.

De nuevo, una obra hídrica rechazada por el Gobierno de Pedro Sánchez; de nuevo, una infraestructura que habría evitado daños materiales y humanos. En este caso Moncloa ignoró dos llamadas de alarma: en el Congreso y desde Oliva, el pueblo que visitó sin pisar el barro de la dana. A pocos metros de donde aterrizó el helicóptero se encuentra el barranco, el lecho sobre el que Sánchez no hizo la presa prevista.