CCOO, UGT y la patronal valenciana analizan la situación socioeconómica de Alicante y los retos más inmediatos

El Consejo Económico y Social de la Provincia de Alicante (CESPA) ha celebrado esta mañana una nueva sesión ordinaria, protagonizada en esta ocasión por UGT, CCOO y la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), quienes han analizado la situación socioeconómica del territorio y han planteado distintas propuestas de mejora.

Las dificultades para acceder a la vivienda, la calidad del empleo, la falta de infraestructuras, especialmente en lo referido al transporte público, la transformación tecnológica, la demanda de mano de obra cualificada, la situación de los servicios públicos o la cohesión social han sido los temas abordados en esta reunión que ha presidido la vicepresidenta primera, Ana Serna.

Los primeros en tomar la palabra han sido los sindicatos UGT y CCOO, quienes han valorado positivamente los niveles de empleo alcanzados en la provincia de Alicante – con más de 914 personas activas y más de 21.700 cotizantes nuevos- pero han lamentado la calidad del mismo y la brecha salarial existente – con menos de 19.500 euros de salario medio- frente a un coste de la vida cada vez más elevado. En este sentido, han alertado de los problemas de acceso a la vivienda «que se ha convertido en una emergencia social y laboral», ya que absorbe entre el 60% y el 70% del salario en muchos casos, por lo que han reclamado que se refuercen las inspecciones de viviendas turísticas y se amplíen los parques de vivienda social y asequible.

También han solicitado una migración regular, una transición digital justa y el impulso de la reindustrialización de la provincia de Alicante, así como una mejora de los servicios públicos y una fiscalidad justa. En materia de infraestructuras consideran «irrenunciables» la variante de Torrellano, el Tren de la Costa, el Corredor Mediterráneo y la modernización del Cercanías Alicante-Murcia. Finalmente, proponen actuaciones concretas como la creación de una comisión específica de vivienda y servicios sociales y una auditoría de fondos del Contrato Programa en los ayuntamientos.

Por su parte, la CEV ha presentado el informe y diagnóstico sectorial del tejido empresarial de la provincia de Alicante que elaboró a finales de 2025 y que arroja una radiografía de la situación y los retos a los que se enfrenta la agricultura, las energías renovables, la construcción, el comercio, la hostelería, el turismo, la logística y transporte, la innovación y digitalización y la industria.

La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana destaca que Alicante «es una provincia con una base productiva sólida», pero alerta de los principales retos a los que se enfrentan todos los sectores como son la escasez de personal cualificado, los costes al alza tanto en materias primas, energía como laborales, la burocracia, la falta de inversión pública- Alicante es la penúltima provincia en inversión estatal- o las dificultades de las empresas para una transición digital y verde.

Al igual que los sindicatos, han puesto sobre la mesa la necesidad de que el territorio cuente con infraestructuras estratégicas como el Corredor Mediterráneo, las conexiones con puerto, aeropuerto y polígonos, el trasvase Tajo-Segura, una buena red eléctrica y puntos de conexión y protección frente a DANAs-. Asimismo, fijan como prioridades un plan de empleo y FP Dual, viviendas asequibles en zonas tensionadas, programación inversora plurianual, menos burocracia, crédito a pymes y una colaboración público-privada estable, al tiempo que plantean una mesa provincial con sindicatos y administración para analizar el absentismo y la productividad, un Hub provincial de simbiosis industrial y más mujeres en carreras STEM.

Finalmente, tanto sindicatos como patronal han reclamado una mayor periodicidad en las reuniones del CESPA, algo a lo que se ha comprometido la vicepresidenta primera.