El Gobierno sigue sin ejecutar las grandes obras hidráulicas para prevenir riadas dos años después de la dana de Valencia

La dana del 29 de octubre de 2024 provocó 233 víctimas mortales tan solo en la provincia de Valencia. Además, dieron la vuelta al mundo las imágenes de los daños materiales con miles de coches apilados unos sobre otros en unas calles que llenas de lodo y enseres después de unas inundaciones sin precedentes. Sin embargo, cuando este mismo jueves se cumplen dos años de la tragedia, el Gobierno sigue sin llevar a la práctica las obras hidráulicas para evitar que otro fenómeno similar vuelva a sembrar el pánico y la desolación.

En este sentido, la inmensa mayoría de las actuaciones realizadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez han sido de emergencia para reparar reconstruir o levantar desde cero infraestructuras como puentes, carreteras o vías de trenes, pero las de envergadura y que se consideran críticas y estratégicas continúan en una maraña burocrática a pesar de que Valencia y alrededores son territorios propicios para sufrir otro temporal devastador, tal como se vio días atrás con Adam.

El estado de estos trabajos claves es de fase de licitación, presentación de ofertas económicas o, simplemente, en redacción. Así, la mayor obra es la del barranco de La Saleta. Este mismo 29 de octubre se ha abierto el plazo para que las empresas interesadas planteen su propuesta financiera. No solo eso, sino que, además, depende de un estudio de alternativas y proyectos adjudicado el pasado mes de mayo. Por tanto, que sea realidad es algo que ha de mirar de manera irremediable más allá del largo plazo. Hasta 2032 no se espera que se concluya.

En términos económicos, este pliego asciende a 132,1 millones de euros. Por su parte, la conexión de La Saleta bajo la autovía V-30 requiere de una inversión de catorce millones de euros. De nuevo, estancada en el tiempo, dado que únicamente solo se ha aprobado técnicamente y la última actualización en su proceso fue en el mes de julio, por lo que su licitación aún está pendiente.

Barranco del Poyo

El contexto es prácticamente calcado al que se vive junto al barranco del Poyo, es decir, la que fue la zona cero de la catástrofe. La principal actuación en esta zona es un encauzamiento entre la localidad de Picaña y la V-31 a la altura de la Pista de Silla, además de otras en Chiva.

Al igual que los vecinos que viven en el entorno del Poyo, los que lo hacen en la zona del río Magro, el primero que se desbordó el 29 de octubre de 2024, también van tachando días en el calendario a meda que pasan mientras ven cómo el Gobierno eterniza unas obras que son del todo necesarias para que el fatídico balance de víctimas mortales no vuelva a suceder.730 jornadas llevan haciéndolo. Y les quedan muchísimas más.

Al menos, hasta 2029. El Poyo, el Magro y otras cuencas de poblaciones afectadas por las riadas de hace dos años cuentan con hasta diez anteproyectos de trabajos sobre el terreno, un término que, precisamente, no es que transmita la idea de que el hecho de que vayan a ser una realidad se atisbe como algo temprano o cercano. Todo lo contrario. Más de dos años por delante porque los lotes están en proceso de redacción, un trámite que tiene estipulado un plazo de 36 meses, a lo que habrá que añadir todo lo que se tarde en plasmarlos. Ya será en la próxima década.

«Los vecinos no pueden esperar»

El Ejecutivo de Sánchez tampoco es que esté en condiciones de presumir de su gestión en lo relativo a las ayudas al ciclo urbano del agua. Si bien es cierto que el 100 % del montante de 438,6 millones de euros se abonó en diciembre de 2025, no es menos verdad que a fecha 1 de junio de 2026 solamente se había ejecutado el 21,64 % de ello.

Sobre este asunto, en la mayoría de los casos son los ayuntamientos los que han de cristalizar las medidas que vayan planteando, pero son muchos los consistorios que se han quejado públicamente de que el Gobierno, por mucho que transfiera dinero para esas partidas, no pueden hacer uso de él como quisieran ni siquiera apelando a la emergencia y a la necesidad imperiosa de acometer dichos trabajos. Esta es una circunstancia que no entiende de colores políticos. Los reproches han llegado dese municipios gobernados por el Partido Popular, pero también por el PSOE.

«La Generalitat está actuando en cauces urbanos dañados por la dana que son competencia del Estado, y lo hacemos porque los vecinos no pueden esperar, pero quien tiene que asumir sus responsabilidades es el Gobierno de Pedro Sánchez», dijo en su día el conseller valenciano de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca y portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Barrachina.

También añadió que en el Poyo «se ha reconocido que las obras definitivas no empezarán antes de 2030 y en La Saleta, casi dos años después», «El Gobierno todavía no ha adjudicado su primera gran obra hidráulica» censuró y sigue censurando el dirigente.