La huelga me pillará trabajando

«La huelga general se convoca contra la oposición por derribar los decretos de vivienda». Estas palabras, atribuidas a María Jesús Montero el pasado 6 de octubre, resumen una de las controversias que rodean la huelga convocada para hoy. Hasta en este país, en el que ya nada debería sorprendernos, resulta insólito presentar una huelga general como una movilización dirigida contra quienes no tienen la responsabilidad de gobernar.

Durante los ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez, España ha atravesado dificultades económicas y una inflación desorbitada que ha provocado una creciente presión sobre el poder adquisitivo de las familias. Pero nadie había pensado en convocar una huelga general de ámbito nacional con el respaldo de las dos grandes centrales sindicales desde 2012. Ni siquiera como consecuencia de los incumplimientos del Gobierno en aquellas 100.000 viviendas destinadas al alquiler asequible, 30.000 para jóvenes, que prometió Sánchez en octubre de 2021. La pregunta es obligada: ¿dónde están aquellas 100.000 viviendas? ¿Cuántas se han construido y cuántas se han entregado?

La ministra Isabel Rodríguez ha anunciado medidas y nuevas actuaciones, pero sigue pendiente de ofrecer una evaluación clara de los resultados. Las leyes, los planes y los compromisos presupuestarios no la eximen de explicar cuántas viviendas asequibles han llegado a quienes las necesitan y qué impacto han tenido sus políticas sobre el alquiler. Y no lo ha hecho precisamente porque no puede, porque no tiene ningún resultado que mostrar que no sea su propia incompetencia.

Tampoco dejemos atrás la controversia protagonizada por Montse Mínguez, hasta hace unas semanas portavoz del PSOE. Quien levantó continuamente la voz contra los grandes tenedores de vivienda, tuvo que dimitir tras publicarse informaciones sobre la actividad inmobiliaria de su pareja, vinculada a una sociedad con al menos treinta viviendas destinadas al alquiler y activos empresariales cifrados por distintos medios en 8,4 millones de euros. Por cierto, trascendieron también procedimientos de desahucio sobre los que Mínguez tuvo que dar explicaciones y reconocer que su pareja es un gran tenedor. La actividad inmobiliaria no constituye, por sí misma, una irregularidad, pero la contradicción política resulta evidente: muchos discursos contra los grandes propietarios, hasta que el gran tenedor resulta estar en su misma casa.

No obstante, entre el balance de la política de vivienda y las contradicciones del discurso socialista, los sindicatos parecen llegar a una conclusión: la culpa es de la oposición. Quizá convenga prestar más atención a su funcionamiento para entender el motivo escondido tras esta convocatoria. UGT y Comisiones Obreras recibieron conjuntamente ayudas directas que pasaron de 17 millones en 2024 a 32 millones en 2025, un incremento de 15 millones de euros que se mantuvo, también, en 2026. Y un acumulado en ayudas públicas entre 2018 a 2025 de 569 millones en sus organizaciones territoriales, federaciones y fundaciones.

Ante semejante bicoca, sería lícito preguntarse si esta movilización es una protesta contra el Gobierno o una forma de darle las gracias. Y, también, qué es lo que ha cambiado para que UGT y CCOO consideren imprescindible esta medida justo ahora, precisamente a las puertas de unas elecciones generales. Es mucho más que probable que el motivo no tenga tanta relación con la vivienda y bastante más con que quedan apenas 18 días para acudir a las urnas y conviene «caldear las calles». No hay más.

Por cierto, en la Comunitat Valenciana gobierna el Partido Popular, que ya lleva movilizadas más de 6.800 viviendas a través del Plan Vive, incentivando ayudas el alquiler y facilitando que los jóvenes puedan acceder a su primera vivienda, algo que no hicieron los ocho años de gobiernos del Botànic. Si, como se ha dicho, esta huelga es contra la oposición, surge una pregunta inevitable: ¿debemos entender que, la huelga, en la Comunitat Valenciana, es contra el PSOE de Diana Morant? Quizá con un poco de humor seamos capaces de entender mejor el disparate de hoy. Y dejémoslo claro: tan legítimo es secundar la huelga como decidir no hacerlo. A mi desde luego, me va a pillar trabajando.

Carlos Gil Santiago es secretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana