Imagen del Congreso ‘Victimología y sistema penal: Tutela asistencial y protección victimal’ en la Universidad Católica de Valencia.
La UCV acoge un congreso sobre los retos de la protección de las víctimas ante la violencia digital y el sistema penal
El director territorial de Save the Children en la Comunidad Valenciana, Rodrigo Hernández, reclama una mayor responsabilidad de las plataformas digitales en la defensa de los menores
La Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales de la Universidad Católica de Valencia (UCV) en colaboración con la Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación ha celebrado el congreso ‘Victimología y sistema penal: Tutela asistencial y protección victimal’, en la que diversos expertos del ámbito jurídico, criminológico y asistencial han abordado los principales retos en la protección de las víctimas, con especial atención a la violencia contra la infancia en el entorno digital, la respuesta del sistema penal y la prevención de la victimización secundaria.
Entre los ponentes, ha participado el director territorial de Save The Children en la Comunidad Valenciana, Rodrigo Hernández Primo, que ha reclamado una mayor responsabilidad de las plataformas digitales en la protección de los menores. «Las plataformas son de alguien, ese alguien tiene que cuidar a los niños y niñas que están en ese entorno», ha afirmado. Además, ha advertido a los padres de que «estamos dando móviles y conectividad a los menores sin que muchas veces tengan la madurez suficiente para entender los riesgos que esto conlleva».
Hernández Primo ha respaldado esta preocupación con los datos del informe Tras la pantalla: violencia sexual contra la infancia en el entorno digital (2026), elaborado por Save the Children, según el cual el 97 % de los 1.008 jóvenes encuestados afirmó haber sufrido algún tipo de violencia sexual en Internet durante su infancia o adolescencia. «Las denuncias muchas veces son la punta del iceberg», ha señalado el responsable de la organización en la Comunidad Valenciana, quien ha alertado de que algunas de estas experiencias ni siquiera son identificadas como violencia por quienes las sufren. «Compartir una foto o determinados contenidos, no tener las herramientas para detectar elementos de peligro es el primer paso para que puedan ser víctimas de cualquier tipo de violencia, especialmente la violencia sexual», ha explicado.
Otro de los aspectos que ha destacado es que el agresor no siempre se encuentra fuera del círculo de confianza del menor. «Muchas veces pensamos que los agresores sexuales, sea en el mundo real o en el mundo digital, son totalmente desconocidos [...], nada más lejos de la verdad. En la mayoría de los casos no tienen nunca antecedentes sexuales, son personas perfectamente integradas en el entorno», ha sostenido. En el ámbito digital, ha añadido, personas conocidas por la víctima pueden utilizar esa relación para iniciar el contacto y, posteriormente, recurrir a la extorsión o realizar proposiciones ilegales.
Los obstáculos para perseguir los ciberdelitos
Desde el ámbito jurídico, la abogada especialista en Derecho de Menores y secretaria de la Sección de Infancia y Adolescencia del ICAV, Neu Fernández Domingo, ha analizado las posibles responsabilidades derivadas de la difusión de material de abuso sexual infantil en plataformas digitales. Sobre el papel de las empresas, ha considerado que, aunque la responsabilidad penal puede resultar más compleja de determinar, sí cabe plantear una responsabilidad civil vinculada a la reparación del daño. «Las plataformas no se pueden lucrar a costa de los menores y a costa de la comisión de delitos», ha defendido al tiempo que ha pedido revisar los protocolos y avanzar en una reforma legal que refuerce las obligaciones de estas compañías.
Fernández Domingo también ha puesto el foco en los obstáculos que encuentran las investigaciones cuando necesitan acceder a información alojada en plataformas internacionales. «Tú le pides información a Meta y, en general, no te la da, […] y hay veces que estamos hablando de información necesaria para la investigación de los delitos», ha detallado. A su juicio, es necesario activar mecanismos de cooperación internacional más eficaces, pero también reforzar los recursos de la Justicia para agilizar los procedimientos. En este sentido, ha reclamado mayor «dotación de medios» para mejorar la rapidez de la respuesta judicial que reciben los menores.
La atención integral para evitar la revictimización
Por su parte, el presidente de la Fundación de Victimología, Emilio García Mercader, se ha centrado en los factores que pueden aumentar la vulnerabilidad de niños y adolescentes ante la violencia digital. Entre ellos, ha mencionado circunstancias del entorno familiar y social, como «los jóvenes que viven en familias desestructuradas», aquellos que se encuentran en situaciones de pobreza o que tienen «problemas de relaciones con los padres».
En cuanto a la atención a las víctimas, García Mercader ha incidido en la necesidad de actuar desde el primer momento para evitar que las consecuencias psicológicas se prolonguen. Para ello, ha apoyado que «se debe de hacer una intervención inmediata para que no se cronifiquen luego los problemas que pueda tener a nivel psicológico» y ha explicado que el objetivo de la desvictimización es que el menor, aunque haya sufrido un delito, pueda dejar de sentirse víctima: «Es muy importante que vaya dejando de sentirse una víctima».
La colaboración, clave en la protección de las víctimas
Durante su participación en el encuentro, el director general de Atención a las Víctimas y Acceso a la Justicia, Francisco Javier Soler Flores, ha puesto en valor la colaboración «tan positiva» que mantienen desde hace años la UCV y la Administración autonómica, especialmente en el ámbito de la investigación y la transferencia de conocimiento. Igualmente, Soler Flores ha subrayado el papel de la universidad en la preparación de los futuros profesionales del ámbito jurídico y criminológico, por lo que ha apuntado que «es fundamental la difusión entre las nuevas generaciones porque sois vosotros los que vais a ser futuros criminólogos, letrados, jueces, abogados». Finalmente, ha definido a la UCV como «un puntal y un pilar para trabajar de la mano de la Conselleria».
La jornada ha arrancado con la conferencia inaugural del profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de València, Mariano Vivancos Comes, centrada en la tutela constitucional de los derechos de las víctimas y las garantías fundamentales en el sistema de justicia penal. La sesión matinal la ha completado la directora del congreso y vicedecana del Grado en Criminología de la UCV, Silvia Sempere Faus, que ha abordado los mecanismos procesales para evitar la victimización secundaria, mientras que Sofía Alberca Pérez, coordinadora de la Red de Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito de Valencia y provincia, ha presentado el modelo asistencial de estas oficinas.
La programación de la tarde ha ampliado esta perspectiva con las intervenciones de Ángel Herráiz Castellano y César Chaves Pedrón, que han tratado el papel de la víctima en la justicia restaurativa, la mediación y la ejecución penal. Por último, Patricia Peris Remón y la magistrada Herminia Rangel Lorente han profundizado en las garantías de protección a las víctimas de trata de seres humanos y de violencia sobre la mujer.