Los imputados Jorge Pío y Javier Reguera durante un juicio por la macrocausa ‘Pokémon’, en la Audiencia de Lugo
La pieza original de la 'Operación Pokémon' se cierra con penas inferiores a tres años para sus 11 acusados
Los imputados han reconocido uno a uno su autoría de los hechos y han aceptado las nuevas penas impuestas
La Audiencia Provincial de Lugo ha acordado imponer este lunes penas de prisión inferiores a los tres años para cada uno de los 11 imputados en la pieza original de la 'Operación Pokémon'.
Los hechos se relacionan con la adjudicación del servicio de la grúa municipal de Lugo a la empresa Cechalva en 2004 cuando el principal imputado en la pieza, el ex concejal del Ayuntamiento de Lugo, Francisco Fernández Liñares, se encontraba al frente del área de Economía.
De acuerdo a lo recogido en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, el ex edil, aprovechó su posición de poder y su cargo público para favorecer la concesión de la adjudicación a la citada empresa obteniendo por ello contraprestaciones económicas.
Además de Liñares, que ha comparecido en la vista por videoconferencia desde la prisión de Monterroso donde cumple condena por otros delitos, este lunes se han sentado en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial diez procesados más: Javier Reguera y Manuel Santiso como parte del accionariado de Cechalva por sus vínculos directos con Liñares; así como ocho empresarios relacionados con la empresa o procesados como parte del sistema de doble contabilidad con caja B que esta mantuvo durante el periodo investigado en el marco de la causa.
Tras la lectura del escrito de acusación, que se ha prolongado durante más de una hora, y de las modificaciones realizadas por parte de la Fiscalía como consecuencia de los acuerdos alcanzados, los once imputados han reconocido uno a uno su autoría de los hechos y han aceptado las nuevas penas impuestas.
Unas penas que, en ninguno de los casos, exceden los tres años de prisión. La mayor rebaja ha recaído sobre el principal acusado, Francisco Fernández Liñares, para quien la Fiscalía solicitaba inicialmente una pena acumulada de nueve años y medio de cárcel y que deberá cumplir ahora dos y medio como autor confeso de los delitos de violación de secretos por funcionario público, cohecho en concurso con negociaciones prohibidas, prevaricación y blanqueo de capitales. Deberá abonar también una multa ligeramente superior a los 100.000 euros.
Reguera y Santiso, por su parte, que se enfrentaban a penas de prisión cercanas a los ocho años, han sido condenados finalmente a dos años y cinco meses y dos años y un mes de cárcel, respectivamente, por los delitos de aprovechamiento de información privilegiada, cohecho, falsedad en documento mercantil y delito contable continuado.
El resto de los acusados han sido castigados con penas de menor duración de entre dos meses y un año y cuatro meses de cárcel por cohecho, falsedad en documento mercantil, delito contable continuado y blanqueo de capitales
