Sánchez añade el Pazo de Meirás a los lugares de «memoria democrática» y lo convierte en un ataque a la Xunta

El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido incluir el Pazo de Meirás y la Isla de San Simón en la lista de lugares de «memoria democrática». Este hecho no tiene grandes consecuencias administrativas más allá de la intención de que forme parte de un listado que el Ejecutivo central cree necesario subrayar como espacio que representa el recuerdo de aquellos que murieron durante la dictadura franquista del bando republicano.

Este mismo viernes, la diputada del PSOE gallego Paloma Crespo ha lanzado acusaciones contra la Xunta de Galicia por no implicarse en esta tarea. En concreto, Castro presentará una batería de iniciativas en el Parlamento autonómico para reclamar la cooperación del Ejecutivo gallego en lo que será «un paso más para hacer justicia». «Porque no hay futuro sin memoria», ha asegurado.

La socialista ha exigido que el Gobierno gallego abandone lo que ella considera «dejadez con la memoria» y participe activamente en la «reparación de la memoria de las víctimas del franquismo». «Los socialistas gallegos creemos, y así lo defendemos en nuestras intervenciones e iniciativas parlamentarias, que las dos localizaciones cumplen con los requisitos legales», ha añadido.

Fuentes socialistas consultadas por El Debate apuntan a la gestión de las visitas del Pazo por parte del Ejecutivo gallego. Según estas fuentes, la Xunta puede hacer un mayor «trabajo didáctico, histórico y divulgativo tanto de Meirás como de San Simón». Además critican que, según sus palabras, no se detalle la «expropiación de los Franco o el uso que le dieron».

Consecuencias reales

Según la propia ley de memoria democrática, este inventario está creado como «instrumento de publicidad y conocimiento de los mismos».

Cada lugar de la memoria inscrito tendrá su correspondiente ficha registral, en la que constará la identificación del bien, «información debidamente documentada de los valores materiales, históricos o simbólicos que justifican su inscripción», así como delimitación cartográfica con sus correspondientes coordenadas geográficas, en su caso.

Además, las administraciones públicas que sean titulares de bienes declarados lugares de memoria democrática «estarán obligadas a garantizar su perdurabilidad, identificación, explicación y señalización adecuada». En todo caso, las administraciones públicas «evitarán la remoción o desaparición de vestigios erigidos en recuerdo y reconocimiento de hechos representativos de la memoria democrática y la lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades en cualquier época».

Por lo tanto, más allá de una cierta protección para su no desaparición estos lugares seguirán actuando de manera similar a su inclusión en la lista.