El Ejecutivo de Sánchez recurre al diálogo con Bruselas para evitar tomar una decisión sobre la AP-9

Después de contradecirse entre los propios miembros del Ejecutivo de Sánchez y esconder su postura hasta el último momento, el Gobierno central ha decidido no tomar ninguna decisión sobre el futuro de la concesión de la AP-9.

Este miércoles terminaba el plazo para recurrir el dictamen de la Comisión Europea sobre la autopista que declaraba ilegal la prórroga hasta 2048 y lo que han hecho es enviar unos datos dando respuesta a las objeciones planteadas por Bruselas.

«Se ha remitido una respuesta amplia en la que España aporta las aclaraciones precisas y la información justificativa a tener en cuenta a la hora de que se pueda realizar una valoración siempre en defensa de los intereses generales», señalan desde el Ministerio de Transportes. Y añaden: «Esta fase no supone todavía el final del procedimiento».

Desde el ministerio recalcan que «se agotarán las posibles opciones de respuesta» porque «esta fase no supone todavía el final del procedimiento». Con esta decisión, el ministerio de Óscar Puente dilata más una decisión que ya debería de haberse tomado. Cuando muchos pensaban que iba hacia la gratuidad, como así señaló este mismo martes su delegado en Galicia Pedro Blanco, el Gobierno da la sorpresa.

Ni siquiera han aportado el escrito remitido a Bruselas, tan solo han dado esta breve explicación y han aprovechado para cargar contra el Partido Popular. Insisten en que la prórroga de la concesión de la autopista hasta 20248 fue aprobada en el año 2000 por el Gobierno de José María Aznar: «Le corresponde al PP explicar los motivos por los que tomó una decisión que este Gobierno no hubiera adoptado y que claramente es perjudicial para los derechos de los ciudadanos».

«Aunque las políticas de movilidad y reequilibrio territorial que actualmente defiende este Gobierno van en la dirección contraria, desde el Ministerio se ha colaborado y respondido a todos los requerimientos realizados por la Comisión Europea por responsabilidad y para velar por el interés común, como también hemos hecho en esta ocasión», han subrayado desde el Ejecutivo.