El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, comparece en el Parlamento gallego, a 9 de septiembre de 2025, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). Rueda comparece por iniciativa propia para explicar la gestión del Ejecutivo ante la ola de incendios de este verano que ha devastado cerca de 96.000 hectáreas en la comunidad. La sesión abre el nuevo periodo parlamentario.

Álvaro Ballesteros / Europa Press
09/9/2025

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso RuedaEuropa Press

La Xunta acusa de «falta de valentía» al Gobierno de Pedro Sánchez por la decisión de la AP-9

Consideran que es «un castigo para los gallegos» al «condenarlos a seguir pagando un peaje injusto»

La decisión del Gobierno central con respecto a la AP-9 no ha gustado a la Xunta de Galicia, que ha lamentado que «vuelva a castigar a los gallegos» al «condenarlos a seguir pagando un peaje injusto».

En un comunicado, el Ejecutivo autonómico ha criticado la respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez al dictamen de la Comisión Europea que declaraba la irregularidad de las prórrogas de la concesión de la autopista. Así, la Xunta ha apuntado hacia la «falta de valentía» del Gobierno que, a su juicio, ha perdido la oportunidad «para rescatar la AP-9 y liberar el peaje» de la que es «la principal vía que vertebra la Comunidad y ser la alternativa más ventajosa para el interés público».

Al resto, ha recordado que la Xunta elaboró un nuevo estudio en el que eleva a 2.356 millones de euros el actual coste del rescate, que se ha incrementado desde los 2.331 millones que se calcularon en 2024.

«Cuando más tarde se produzca este rescate, será mayor el perjuicio para los contribuyentes y usuarios de la autopista», ha subrayado, insistiendo en que lleva «16 años» reclamando la transferencia de la AP-9 para Galicia.

Todo ello después de conocerse que este miércoles el Gobierno ha respondido in extremis al ultimátum dado por Bruselas por la prórroga de la concesión de la AP-9, ya que la Comisión Europea considera que vulneró las reglas de la Unión Europea en materia de contratación pública.

Esto después de que en julio la Comisión Europea enviase un ultimátum al Ejecutivo central para que enmiende las irregularidades por las que fueron prorrogadas las concesiones de los peajes en las autopistas AP-66 y AP-9 y que, a ojos de Bruselas, vulneran las reglas de la Unión Europea en materia de contratación pública y de concesión de autopistas.

Un asunto que, de no resolverse en el plazo de dos meses (que expiraba este miércoles), los servicios comunitarios podrían elevar al TJUE.

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