El portavoz de Sumar Galicia, Paulo Carlos LópezEuropa Press

La oposición recrimina a la Xunta la protección de las víctimas de violencia cuando es competencia del Gobierno

«Ante la bajada de efectivos de la Unidad de Policía Adscrita, no es posible garantizar la prestación de servicios que no son competencia autonómica», trasladan desde la Xunta de Galicia

la renovación del convenio y mejora de la Unidad de Policía Adscrita ha sido el detonante para un nuevo enfrentamiento entre las fuerzas políticas de Galicia y el Gobierno central. El consejero de Presidencia, Justicia y Deportes de la Xunta de Galicia, Diego Calvo, advertía este jueves que si no llegaba a un acuerdo y se mejoraban las condiciones, los efectivos no podrían prestar otras funciones «que no sean de competencia autonómica». Es el caso de la protección de las víctimas de violencia machista, competencia el Ejecutivo central.

La falta de agentes está provocando que no se puedan cumplir con las obligaciones en la comunidad y si la cosa no cambia, no podrán seguir cumpliendo con esta tarea que venían haciendo para ayudar al Estado.

«Deberá hacerse cargo el Ministerio del Interior, como autoridad competente»

El consejero insistía en que no es voluntad de la Xunta que la UPA reduzca funciones, pero si no hay avances, habrá que hacerlo. «Ante la bajada de efectivos, no es posible garantizar la prestación de servicios que no son competencia autonómica» y, por lo tanto, «deberá hacerse cargo de ellos el Ministerio del Interior, como autoridad competente». Unas palabras que no han sentado bien en el seno de los partidos de la oposición de Galicia.

Movimiento Sumar Galicia ha tachado de «indigno y repugnante» que la Xunta «utilice a las víctimas de violencia machista», después de las declaraciones del consejero de Presidencia. En una nota de prensa, la organización ha asegurado que se trata de «una irresponsabilidad gravísima» y ha advertido de que «convertir la protección de las víctimas en una moneda de chantaje es una forma intolerable de violencia institucional».

Lo que no parecen darse cuenta es que lo único que han traslado desde la Xunta es que la UPA se ve imposibilitada y sobrepasada de seguir ayudando si sus condiciones no mejoran porque no cumplirían con su trabajo como es debido.

Voluntad de negociar

Ante esto, el PP de Galicia ha recalcado su voluntad de negociar y ha reiterado que «la protección de las víctimas de violencia de género, como todo el mundo sabe es de todos, pero concretamente es una competencia del Estado». «Por lo tanto, el Estado tiene que garantir esa protección a las víctimas», ha asegurado la número dos de los populares gallegos, Paula Prado.