Juicio en Filipinas: la madre de Diego Bello denuncia las amenazas de muerte antes del asesinato del joven gallego

La madre de Diego Bello, Pilar Lafuente, ha ratificado ante el tribunal de Filipinas las amenazas de muerte que recibió su hijo, el joven coruñés asesinado en enero de 2020 en la isla de Siargao. La declaración se produce en el juicio contra tres policías acusados de su asesinato y de suplantación de pruebas.

Según relataron los familiares, tanto Pilar como Bruno Bello, hermano de Diego, se mostraron «satisfechos» por haber podido ratificar ante la justicia «las amenazas de muerte» que Diego había recibido y de haber concretado «quién fue», al referirse al «gobernador Miguel Villafuerte».

«Bastante satisfechos de cómo se desarrolló la vista, nos dieron opciones de decir que Diego estaba amenazado de muerte, tanto él como su socio y dijimos quién», ha precisado la madre tras explicar que solo tuvo que responder a tres preguntas de los abogados de la defensa en relación a cuestiones como sí habían recibido el informe de la autopsia de Diego, en el que se constata, ha recordado, «que no había consumido drogas».

Durante su testimonio ante el Tribunal Regional de Primera Instancia de Familia, Pilar relató la relación cotidiana con su hijo, destacando las llamadas diarias y el estrecho vínculo familiar que mantenían pese a la distancia geográfica. También detalló cómo Diego había informado previamente de dos amenazas concretas: la primera, un gesto intimidatorio en el que un arma de fuego fue colocada sobre una mesa; la segunda, intimidaciones directas a él y a su socio por parte de Villafuerte.

El hermano de Diego, Bruno Bello, añadió que la sesión, celebrada en presencia de los acusados, fue «intensa emocionalmente» y permitió a la familia defender la honorabilidad de Diego. Los abogados centraron su intervención en demostrar que el joven nunca tuvo relación con drogas ni portaba armas, rechazando así versiones anteriores sobre su implicación en actividades ilícitas.

Investigación y juicio

Antes de la declaración, los familiares mantuvieron reuniones con autoridades filipinas y representantes diplomáticos españoles y de la Unión Europea, incluyendo al cónsul Ignacio Sánchez Taboada y al embajador Massimo Santoro. También se reunieron con responsables del National Bureau of Investigation (NBI) y de la Oficina del Ombudsman, revisando informes forenses que desmienten las versiones de los policías implicados y refuerzan la denuncia de violaciones a los protocolos operativos durante la muerte de Diego.

«Todo este trabajo está encaminado a un único objetivo: buscar justicia. Seis años después de la injusta muerte de Diego Bello, seguiremos hasta limpiar su nombre», afirmaron los familiares tras la ronda de encuentros en Filipinas.

Los tres policías acusados enfrentan cargos de asesinato y manipulación de pruebas. Según la investigación, no existió enfrentamiento armado como inicialmente afirmaron los agentes. El informe forense indica que Diego fue alcanzado por disparos mientras estaba en el suelo, situación que fue respaldada por la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas, que rechazó la versión de los agentes en el contexto de una operación antidroga.

En junio de 2025, el Tribunal Regional filipino denegó la libertad bajo fianza de los acusados, en un caso que sigue generando atención internacional y que continúa bajo la supervisión de organismos españoles y filipinos.