El exconcejal socialista de Bayona, Óscar Martínez.
Un exconcejal socialista de Baiona acepta nueve años de inhabilitación por prevaricación en la contratación de obras
Para la Fiscalía, el exconcejal socialista actuó «careciendo de competencia para ello, sin incoar el preceptivo expediente administrativo y con total inobservancia del procedimiento aplicable»
El exconcejal socialista de Baiona (Pontevedra) Óscar Martínez Álvarez ha sido condenado a nueve años de inhabilitación tras reconocer un delito de prevaricación en la contratación de varias obras municipales, en una vista de conformidad celebrada este martes en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo.
El exedil admitió los hechos que le atribuía la Fiscalía, que rebajó su petición inicial de condena, lo que permitió dictar sentencia firme en el acto.
Delito de prevaricación administrativa
La pena impuesta le inhabilita durante nueve años para ejercer como cargo electo o desempeñar cualquier puesto con competencias decisorias o ejecutivas en el ámbito de la contratación pública. Las partes renunciaron a recurrir la resolución.
Según el escrito del ministerio público, Óscar Martínez fue concejal de Vías y Obras en el Ayuntamiento de Baiona entre 2019 y 2023, durante el mandato del alcalde socialista Carlos Gómez Prado, y desde 2022 asumió también las competencias de Urbanismo.
La Fiscalía sostiene que, a comienzos de 2023, el entonces concejal contactó con una empresa constructora para encargarle obras de mejora y hormigonado en varios caminos vecinales del municipio, en Baredo, el Camiño Lugar da Ponte y el lugar de Carballo, pese a carecer de competencias para formalizar contrataciones.
En febrero de ese año, la empresa presentó presupuestos por un importe total de 38.115 euros y, días después, Martínez remitió un correo electrónico aceptando dichos trabajos. Sin embargo, no se tramitó ningún expediente administrativo ni se siguió el procedimiento legal establecido para contratos menores.
Una vez ejecutadas las obras, la constructora presentó las facturas ante la Intervención municipal, pero el Ayuntamiento se negó a abonarlas al no reconocer la existencia de una contratación formal, lo que obligó a la empresa a acudir a los tribunales.
Para la Fiscalía, el exconcejal socialista actuó «careciendo de competencia para ello, sin incoar el preceptivo expediente administrativo y con total inobservancia del procedimiento aplicable», hechos que constituyen un delito de prevaricación administrativa.