Hallan 186 toneladas de pescado congelado caducado en un almacén de Marín: así se evitó su llegada al mercado

La inmovilización de 186 toneladas de pescado congelado en un almacén frigorífico de Marín (Pontevedra) ha encendido las alertas sanitarias tras comprobarse que la mercancía había superado su fecha de consumo preferente. La actuación fue llevada a cabo por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en el marco de una inspección rutinaria en un establecimiento dedicado al almacenaje y distribución de productos congelados.

Según fuentes de la Comandancia de Pontevedra, los agentes detectaron que el pescado permanecía almacenado junto a otros alimentos pese a que las fechas de consumo habían sido superadas, lo que motivó la inmovilización cautelar de toda la mercancía para evitar su posible comercialización.

Prácticas irregulares en la conservación

Las mismas fuentes explican que en el sector es relativamente frecuente que algunas empresas mantengan en las cámaras frigoríficas productos cuya fecha de consumo preferente ha caducado sin haber realizado el procedimiento legal para prorrogar su vida útil. Esta práctica, advierten, puede derivar en extensiones fraudulentas de la fecha y en la puesta en el mercado de alimentos sin las garantías sanitarias exigidas.

Además, en otras actuaciones similares se han llegado a localizar productos que habían sufrido roturas de la cadena de frío, ya fuera durante el transporte o el almacenamiento, y que aun así se pretendían reintroducir en el circuito comercial.

La normativa vigente establece que cuando un alimento supera su fecha de consumo preferente pasa a ser considerado residuo Sandach (Subproductos Animales No Destinados a Consumo Humano). Por ello, su gestión debe seguir un procedimiento específico para evitar riesgos sanitarios.

En este caso, el Seprona comunicó la intervención al Servicio de Control de Riesgos Ambientales de la Xunta de Galicia, encargado de verificar la correcta gestión de los productos inmovilizados y su destino final como residuo.

La Guardia Civil recuerda que la responsabilidad de fijar la fecha de consumo preferente corresponde exclusivamente al fabricante, que debe garantizar no solo la seguridad del producto sino también su calidad y características organolépticas. Solo el operador responsable puede reevaluar esa fecha con base en estudios que acrediten que el alimento mantiene sus condiciones óptimas.

La inmovilización cautelar de las 186 toneladas responde precisamente al objetivo de impedir que estos productos puedan volver al mercado de forma fraudulenta. Una vez verificados por la administración autonómica, deberán ser gestionados conforme a la normativa de residuos.