Los acusados de coaccionar a una docente en Orense defienden «consenso» entre padres por la «inacción» del centro
De un suspenso en matemáticas a un juicio: una docente de Orense denuncia por amenazas a los padres de un alumno
Los acusados defienden que todas las acciones emprendidas fueron fruto del «consenso» entre familias ante la supuesta «inacción» del centro educativo
El conflicto por la enseñanza de matemáticas en un instituto de Orense ha acabado en los tribunales tras meses de tensión entre una docente y varios progenitores. Este lunes se ha celebrado el juicio contra dos padres acusados de un delito leve de coacciones, quienes han defendido que todas las acciones emprendidas fueron fruto del «consenso» entre familias ante la supuesta «inacción» del centro educativo.
Los hechos se remontan al curso 2024/2025 en el IES As Lagoas, donde un grupo de padres y alumnos comenzó a movilizarse contra la forma de impartir la asignatura de matemáticas. Según han explicado los acusados durante la vista, cerca de una veintena de familias se organizaron bajo el movimiento denominado ‘Derecho a Aprender Matemáticas’ con el objetivo de denunciar lo que consideraban irregularidades en la docencia.
Frente a esta versión, la profesora denunciante sostiene que fue víctima de una campaña de «acoso y derribo» tras suspender al hijo de los acusados. Durante el juicio, ha asegurado que recibió «amenazas» y fue objeto de «difamaciones» tanto en el ámbito educativo como en redes sociales, lo que acabó provocándole graves problemas de salud.
Este fue el detonante del conflicto
Según el relato de los progenitores, el detonante se produjo en diciembre de 2024, cuando la docente habría introducido contenido no explicado previamente en un examen. A partir de ahí, alumnos y familias comenzaron a compartir quejas en grupos de mensajería y trasladaron sus inquietudes al equipo directivo.
La situación fue escalando con reuniones, denuncias ante la Consejería de Educación y protestas públicas. Entre las acciones más llamativas, destacaron la colocación de carteles y esquelas simbólicas en las inmediaciones del centro, así como concentraciones semanales durante los recreos.
Los acusados insisten en que estas iniciativas fueron respaldadas por numerosos padres y alumnos, negando en todo momento cualquier conducta de acoso individual hacia la docente.
Por su parte, la denunciante ha mantenido una versión muy distinta ante el juez. Según su testimonio, las protestas traspasaron los límites de la crítica legítima y se convirtieron en una campaña personal para apartarla de la docencia.
La profesora denunció además la difusión de insultos en redes sociales, la publicación de su nombre y la aparición de mensajes ofensivos en el entorno del instituto. «Me sentía amenazada y presionada», afirmó durante la vista, en la que también explicó que llegó a sufrir ataques de ansiedad que derivaron en una baja médica. Finalmente, abandonó su actividad docente por un cuadro de estrés postraumático.
Testimonios enfrentados
La directora del centro en el momento de los hechos respaldó parcialmente la versión de la docente, señalando que sí existió una situación de «hostigamiento» y que algunos de los encuentros con los acusados se produjeron en un tono «imperativo, hostigador y amenazante».
También apuntó que los progenitores, ambos policías nacionales, acudieron en una ocasión al centro «uniformados», lo que incrementó la tensión del conflicto.
Sin embargo, otras madres que declararon como testigos defendieron la postura de los acusados, subrayando que todas las acciones fueron «consensuadas» y que existía un malestar generalizado entre las familias.
La acusación solicita para los progenitores una multa de 90 días, a razón de 10 euros diarios, y una indemnización de 6.000 euros para la docente, al considerar que las actuaciones emprendidas constituyeron un ataque directo contra ella y el centro.
La defensa, por su parte, pide la absolución, argumentando que no se ha acreditado que los acusados liderasen las protestas y que, en cualquier caso, las conductas denunciadas no constituyen delito, aunque pudieran resultar «hirientes o vejatorias».
El caso queda ahora visto para sentencia, a la espera de que el juez determine si las protestas de los padres fueron una acción legítima o si, por el contrario, cruzaron la línea del acoso hacia la docente.
