Varias ambulancias en el Hospital CHUACM. Dylan

Galicia aprueba ley para prevenir agresiones a sanitarios sin votos en contra, pero con polémica

Contó con el voto favorable del Grupo Popular y del Grupo Socialista, mientras que el BNG y Democracia Orensana se abstuvieron

El Parlamento de Galicia aprobó este martes la modificación de la Ley de Salud que establece medidas específicas para prevenir agresiones a profesionales sanitarios. La norma contó con el voto favorable del Grupo Popular y del Grupo Socialista, mientras que el BNG y Democracia Orensana se abstuvieron.

La aprobación se produjo sin votos en contra, pero no sin polémica. La oposición considera que la norma no aborda el problema de fondo: el deterioro del sistema sanitario gallego. Para la diputada del PSdeG, Elena Espinosa, «no se ataca la raíz del problema, que solo se solucionará reforzando plantillas, reduciendo listas de espera y mejorando los tiempos de atención».

Montse Prado, del BNG, coincidió en que la ley «se queda en punir, pero no protege realmente a los profesionales», y subrayó que los sanitarios se protegen con recursos, medios y tiempo para atender a los pacientes. Prado criticó además que las agresiones se producen en un contexto de saturación, con profesionales desbordados y familias desesperadas, por lo que consideró que la norma sin recursos sería «un mal parche».

Armando Ojea, de Democracia Orensana, denunció que las medidas son «meramente coercitivas y a posteriori» y urgió a la Xunta a reforzar la Atención Primaria y los servicios de urgencias para prevenir estos episodios.

Desde el PPdeG, Encarnación Amigo defendió la ley destacando el diálogo con la oposición y las cesiones alcanzadas. «No es una batalla partidista, es para proteger a los profesionales sanitarios que sufren agresiones», afirmó, poniendo en valor la colaboración entre grupos.

El consejero de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño, subrayó que la ley «no se limita a sancionar», sino que refuerza prevención, formación y apoyo a las víctimas. Además, destacó que la norma eleva «al máximo rango la protección frente a agresiones a todo el personal del sistema gallego de salud, público o privado», cumpliendo el objetivo de «proteger a quien cuida».