La sucesión de Extrugasa llega a los tribunales con petición de cárcel por forzar al fundador a retirar una querella

La compleja batalla interna por el control del holding del aluminio Gestión Corporativa Quintá, propietario de empresas como Extrugasa, Galipán y Extrusionados Galicia, dará el salto a los tribunales la próxima semana en la Audiencia Provincial de Pontevedra, en un caso que mezcla tensiones familiares, decisiones empresariales y una acusación de presunta obstrucción a la justicia.

La Fiscalía solicita penas de dos años y nueve meses de prisión para tres personas del entorno del empresario Andrés Quintá, histórico propietario del grupo, además de una indemnización de 1.200 euros por daño moral, al considerar que habrían ejercido presiones para que retirase una querella previamente presentada contra tres de sus hijos y su asesor personal.

Una querella por el control

El origen del conflicto se remonta a agosto de 2024, cuando Andrés Quintá, que padece deterioro cognitivo, interpuso una querella en la que acusaba a parte de su entorno familiar y profesional de haberse apropiado de sus empresas y de su posición de control dentro del grupo industrial con sede en Valga (Pontevedra).

En aquel procedimiento judicial estaban citados varios de sus hijos y su asesor de confianza, en el marco de una investigación que buscaba esclarecer el control societario del conglomerado empresarial. Sin embargo, pocos días antes de la declaración prevista, el empresario retiró la denuncia, lo que provocó el archivo del caso.

Según el escrito de la Fiscalía, el 10 de abril de 2025, tres personas cercanas al empresario, entre ellas su abogado de confianza, una nieta y otro allegado, habrían actuado de forma coordinada para influir en su decisión de desistir de las acciones penales. El Ministerio Público sostiene que los acusados aprovecharon la situación de vulnerabilidad del empresario y su deterioro cognitivo para lograr que firmara un documento de renuncia.

Para ello, según la acusación, lo habrían trasladado en vehículo hasta los juzgados de Caldas de Reis, restringiendo el uso de su teléfono móvil durante el trayecto y evitando así que pudiera consultar con su letrado habitual. Una vez en sede judicial, el escrito de renuncia fue presentado y firmado, lo que derivó en el archivo automático de la causa contra los hijos del empresario y su asesor.

Acusación de obstrucción a la justicia

La Fiscalía considera que la actuación de los tres acusados tuvo como finalidad impedir el normal desarrollo del procedimiento judicial, aprovechando la relación de confianza previa con el empresario.

En su escrito, el Ministerio Público sostiene que los acusados «insistieron hasta lograr convencerle» de firmar la renuncia y que lo hicieron limitando su capacidad de decisión informada.

Por estos hechos, se les imputa un delito de obstrucción a la justicia, con la agravante de abuso de confianza, motivo por el cual solicita casi tres años de prisión para cada uno de ellos.

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra celebrará el jueves 23 de abril la audiencia preliminar, paso previo a la apertura del juicio oral, en un procedimiento que pone el foco en la gestión del patrimonio empresarial familiar y en la validez de decisiones tomadas en un contexto de posible vulnerabilidad cognitiva.

El caso ha generado expectación en el ámbito judicial y empresarial gallego, al afectar a uno de los grupos industriales más relevantes del sector del aluminio en la comunidad.