La consejera de Vivienda y Planificación de Infraestructuras de la Xunta de Galicia, María Martínez Allegue
La Xunta carga contra el Plan de Vivienda del Gobierno de Sánchez: «Llega muy tarde e invade competencias»
La consejera de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, censura la «opacidad» que achaca al Gobierno central y critica los efectos que esta demora tendrá en las comunidades
el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, aprobado esta semana en el Consejo de Ministros, no convence a las comunidades. La consejera de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, es una de las voces críticas por los tiempos de su tramitación y porque cree que «invade competencias»: «Llega tarde, muy tarde. Tenía que estar en vigor el 1 de enero de 2026».
Preguntada por esta cuestión en una entrevista en Radio Galega y recogida por Europa Press, la responsable autonómica ha censurado la «opacidad» que achaca al Gobierno central y criticado los efectos que esta demora tendrá, a su juicio, en las comunidades autónomas.
«Que se aprobase en Consejo de Ministros y saliese publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) no significa que las Comunidades podamos convocar las líneas de ayudas que dependen de este plan», ha expuesto Allegue, que ha recordado que todavía quedan «más pasos» para que esto suceda.
De esta forma, ha avanzado que la próxima semana se celebrará una Conferencia Multilateral con los directores generales de los Gobiernos autonómicos para la aprobación del reparto de fondos, que después se llevará a una Conferencia Sectorial con los consejeros. Finalmente, el Plan de Vivienda tendrá que volver a pasar por el Consejo de Ministros y ser conveniado con las comunidades.
«Invasión de competencias»
«Estamos hablando de dos o tres meses, aunque la ministra dijo que contaba con que fuese el segundo semestre de 2026. Miedo da. Parece que incluso podemos tener un año perdido en convocatorias tan importantes», ha lamentado.
Además, Allegue se ha sumado a las críticas emitidas por otros Gobiernos autonómicos al respecto de una «invasión» de competencias, que ha ejemplificado con la obligación de que las viviendas construidas al amparo de este plan deberán tener protección pública permanente.
También ha criticado su dotación económica «insuficiente». El Gobierno central destinará 7.000 millones de euros al plan, cofinanciado por las comunidades, que aportarán el 40 % restante. En este sentido, a Galicia le corresponde destinar 400 millones, de los cuales 80 ya están consignados en los últimos presupuestos, aunque no «puede» convocarlos.
Críticas a la zona de vivienda tensionada
Por otra parte, cuestionada por las zonas de mercado residencial tensionado, la consejera ha reiterado el desacuerdo del Gobierno gallego con esta medida, aunque el viernes pasado dieron luz verde a que Santiago de Compostela obtenga este distintivo, que entrará en vigor una vez sea publicado en el BOE.
A su juicio, la medida es «totalmente ineficaz» y está causando «los efectos contrarios a los que se desean»: «La Coruña fue declarada zona tensionada en agosto del año pasado. En julio se formalizaron cerca de 800 contratos de alquiler. Este mes de febrero fueron apenas 350; es decir, se están retirando viviendas del mercado».
