Varapalo judicial al PSOE en la Diputación de Coruña: anulan un nombramiento 'a dedo' de la jefatura de Patrimonio

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) ha asestado un duro varapalo judicial a la Diputación de La Coruña, presidido por el socialista Valentín González Formoso, al declarar contraria a derecho la cobertura de la jefatura del Servicio de Patrimonio y Contratación mediante libre designación, en lugar de por concurso de méritos.

El sindicato CSIF presentó recurso de reposición contra esa modificación, pero fue rechazado por la Diputación y, aunque inicialmente un juzgado de lo contencioso administrativo de La Coruña validó el proceder de la institución provincial, ahora el TSXG ha estimado el recurso y ha concluido que no hay razones que justifiquen ese cambio para cubrir la plaza.

En su sentencia, el alto tribunal gallego expone, entre otras cuestiones, que el concurso es «el procedimiento normal de provisión de puestos de trabajo» en la administración pública, mientras que el sistema de libre designación debe aplicarse con carácter «excepcional» y siempre debidamente justificado.

Con respecto a la situación denunciada por CSIF, el TSXG concluye que la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para cambiar la designación de esa jefatura no está justificada, porque la Diputaciones alegaba razones de funciones y responsabilidades del cargo que «son comunes» a otras jefaturas de Servicio.

Esos argumentos dados por la Diputación, señala el TSXG, «no explican el margen de discrecionalidad política» del puesto, e insiste en que «la capacidad técnica y el conocimiento se demuestran en un concurso de mérito».

Valoración de CSIF

El sindicato CSIF, que promovió el recurso, ha valorado que el TSXG les haya dado la razón y haya «corregido» a la Diputación «por recurrir de forma injustificada a la libre designación» para cubrir ese puesto.

Al respecto, han celebrado que «la resolución refuerza los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a los puestos públicos, así como la obligación de las administraciones de fundamentar adecuadamente sus decisiones».

El sindicato ha advertido de que «la discrecionalidad organizativa tiene límites y no puede sustituir a los procedimientos objetivos sin una justificación real», por lo que ha instado a la Diputación de La Coruña a «adaptar su actuación a lo establecido en la sentencia y a garantizar que la provisión de puestos se rija por criterios profesionales, transparentes y ajustados a derecho».