Galicia tendrá una nueva Ley de Salud Pública: qué cambiará tras la covid y la alerta por hantavirus
Las claves de la Ley de Salud Pública de Galicia: qué cambiará tras la covid y la alerta por hantavirus
La previsión de la Xunta es completar la redacción durante los próximos meses y remitir la ley al Parlamento gallego a comienzos de 2027 para su debate y aprobación
La Xunta de Galicia ha dado el primer paso para aprobar la que será la primera Ley de Salud Pública específica de la comunidad autónoma, una norma con la que el Gobierno gallego pretende reforzar la vigilancia epidemiológica, mejorar la respuesta ante emergencias sanitarias y potenciar la prevención de enfermedades tras experiencias como la pandemia de la covid-19 o las recientes alertas por hantavirus.
El Gobierno autonómico dio luz verde al inicio de la consulta pública previa para la elaboración del anteproyecto, un trámite que permitirá recabar aportaciones de ciudadanos, expertos y representantes del ámbito sanitario antes de redactar el texto definitivo. La previsión de la Xunta es completar la redacción durante los próximos meses y remitir la ley al Parlamento gallego a comienzos de 2027 para su debate y aprobación.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, defendió la necesidad de contar con una normativa específica de salud pública al considerar que la legislación actual, aprobada hace casi dos décadas, ha quedado desfasada frente a las nuevas amenazas sanitarias. Rueda recordó que situaciones recientes, como la pandemia de la covid-19 o la alerta sanitaria relacionada con el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, han evidenciado la necesidad de fortalecer la capacidad preventiva y de reacción de las administraciones públicas. «Todo esto acredita la necesidad de fijarse especialmente en lo que se refiere a la salud pública», señaló el dirigente autonómico.
Las claves de la nueva Ley de Salud
Uno de los principales pilares de la futura normativa será el refuerzo de la vigilancia epidemiológica y de los sistemas de alerta temprana. La Xunta pretende dotar al sistema sanitario gallego de estructuras más ágiles y con mayor autonomía técnica y operativa para actuar con rapidez ante posibles brotes o crisis sanitarias. La futura ley incluirá protocolos específicos frente a amenazas emergentes y potenciará políticas preventivas para reducir la incidencia de enfermedades antes de que aparezcan.
El Ejecutivo gallego apuesta por una estrategia integral y sostenida en el tiempo que permita adaptar las políticas públicas de salud a las necesidades específicas de cada zona de la comunidad. Además, el texto incorporará el enfoque denominado ‘salud en todas las políticas’, por el que cualquier decisión pública deberá tener en cuenta su impacto sanitario. También incluirá el modelo ‘una sola salud’, que integra la salud humana, animal y ambiental en una estrategia común de prevención.
La futura Ley de Salud Pública también regulará aspectos relacionados con la promoción de hábitos saludables y la prevención de enfermedades. Entre las medidas previstas figuran actuaciones vinculadas con la alimentación saludable, la actividad física, el bienestar emocional y la prevención de conductas adictivas.
La norma reforzará además la protección frente a riesgos ambientales y alimentarios, impulsará la detección precoz de enfermedades y fomentará la creación de entornos saludables en colegios, empresas y espacios comunitarios.
Otro de los puntos destacados será la incorporación de nuevas tecnologías y sistemas avanzados de análisis de datos para mejorar la capacidad preventiva y facilitar una toma de decisiones más rápida y eficaz por parte de las autoridades sanitarias.
La Xunta también quiere que la futura ley sirva para reforzar la participación ciudadana en las políticas de salud pública y mejorar la coordinación entre administraciones. El texto buscará garantizar la colaboración con los ayuntamientos, el Sistema Nacional de Salud y otros organismos estatales competentes.
El Gobierno gallego sostiene que esta nueva legislación permitirá impulsar políticas activas de prevención para reducir la incidencia de enfermedades crónicas, mejorar la calidad de vida de la población y aumentar la confianza de la ciudadanía en el sistema público sanitario.