La atracción en la que se produjo la tragedia el 3 de agosto de 2024
Piden cuatro años y medio de cárcel para la edil socialista de Vigo por el accidente mortal del Saltamontes
Patricia Rodríguez Calviño solicita el archivo del caso al culpar a la Policía Local de no precintar la atracción
Las acusaciones particulares del llamado 'caso Saltamontes' de Vigo, que representan a los padres y la novia del chico fallecido en 2024 en una atracción de feria, han presentado sus escritos y solicitan penas que suman cuatro años y medio de prisión para los imputados por los delitos de homicidio por imprudencia grave y lesiones por imprudencia grave: la concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Vigo, Patricia Rodríguez Calviño, y el dueño del aparato mecánico.
El representante de la novia de la víctima pide 155.270 euros de indemnización para la pareja del fallecido. Por su parte, los padres del fallecido Iván Castaño solicitan 150.000 euros para cada uno, alegando el «sufrimiento excepcional» causado por el trágico accidente, y la inhabilitación de los acusados: seis años para la concejala de Vigo y cinco para el dueño de la atracción.
La Fiscalía todavía no ha presentado escrito de acusación, a la espera de que se resuelvan los recursos de reforma presentados por las partes ante el auto de imputación del caso.
Graves deficiencias de seguridad
Una peticiones que llegan después de que el Tribunal de Instancia de Vigo imputase a principios de este mes a la concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Vigo, Patricia Rodríguez Calviño, como consecuencia de las graves deficiencias de seguridad detectadas en la atracción ferial donde falleció un joven el pasado 3 de agosto de 2024, en las fiestas de Matamá.
El juez concluye en el auto que la edil del gobierno del socialista Abel Caballero, al tener conocimiento de que la atracción podría estar operando de forma irregular, tenía «el deber jurídico ineludible» de «adoptar las medidas necesarias» para evitar que siguiera funcionando sabiendo que la atracción podría estar operando de forma irregular. Como autoridad competente, debería haber ordenado el «cese inmediato» o su «precinto».
El juez también imputa al propietario de la atracción, Genaro Manuel M.D.S., que abrió la atracción sin permiso del Ayuntamiento. «Debió supervisar que la atracción se adaptaba a los requisitos e innovaciones técnicas existentes, debiendo mantenerla en condiciones aptas para desarrollar la actividad a la que estaba destinada», se puede leer en el auto.
La concejala de Seguridad de Vigo ha pedido archivar la causa al descargar la responsabilidad en la Policía Local. En su escrito, la edil asegura que los agentes tenían el deber de precintar la atracción y no lo hicieron.
