Alumnos durante el primer día de selectividad en Galicia, en 2025
Gafas, calculadoras y bolis bajo la lupa: así será la estricta vigilancia en la PAU de Galicia 2026
Las pruebas se celebrarán los días 2, 3 y 4 de junio en las 36 sedes oficiales distribuidas en diez municipios de las cuatro provincias gallegas
Un total de 13.441 alumnos gallegos están convocados este 2026 para realizar las pruebas de acceso a la universidad. Los exámenes de la PAU se celebrarán los días 2, 3 y 4 de junio en las 36 sedes oficiales distribuidas en diez municipios de las cuatro provincias gallegas.
Por provincias, La Coruña concentrará la gran mayoría de los alumnos con el 46,76 % de los matriculados. Le sigue la provincia de Pontevedra, que sumará un 33,63 % de los estudiantes en la zona de Vigo. Por su parte, Lugo aportará el 10,14 % del alumnado y Orense el 9,47 % restante.
Expulsión inmediata
En estas tres jornadas, los estudiantes pondrán a prueba todo lo aprendido en el instituto. Su gran objetivo es lograr la nota necesaria para entrar en la carrera que desean. Esta convocatoria llega con importantes novedades. Así lo ha anunciado este martes la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG), el órgano encargado de organizar la PAU en la comunidad.
A través de una ampliación en el protocolo oficial de la PAU, la CIUG otorga un nuevo poder a los docentes de las aulas. A partir de ahora, el personal podrá inspeccionar de cerca el material de los estudiantes, prestando especial atención a bolígrafos, calculadoras y gafas.
La CIUG advierte de que las trampas se castigarán con la expulsión inmediata. Según el reglamento oficial, «el uso de dispositivos no permitidos implica la expulsión de la PAU, al igual que también lo implica tener cualquier aparato electrónico dentro del aula».
Estos controles llegan después de que la Xunta de Galicia anunciase que actualizará la normativa que regula los exámenes de acceso a la universidad. Con este cambio, la Consejería de Educación busca adaptar el marco gallego a la ley estatal. El objetivo es avanza hacia un modelo único en toda España para «favorecer la objetividad, la igualdad de oportunidades y la coherencia de los procedimientos».