El PP denuncia una «herencia de descontrol» en Lugo tras el «desgobierno» del BNG

Cuando Elena Candia arrebató en mayo la Alcaldía de Lugo al socialista Miguel Fernández Méndez ya imaginaba que lo que se encontraría en el Consistorio no sería precisamente una buena gestión. Más bien todo lo contrario: una administración colapsada por las facturas en el cajón y la parálisis de los servicios públicos, como así han denunciado en rueda de prensa los concejales populares Antonio Ameijide y Javier Vázquez.

El Gobierno municipal de Lugo ha elevado este martes el tono de la confrontación política con sus antecesores, con el foco en el BNG, al presentar un balance muy crítico de la situación encontrada en distintas áreas del Consistorio. Los ediles lo han calificado como un «decálogo del desgobierno» nacionalista, una relación de problemas que, según denuncian, afectan actualmente al funcionamiento de los servicios municipales y condicionan la gestión diaria del Ayuntamiento.

Los ediles populares sostienen que, tras la imagen de modernización y transformación urbana defendida por el anterior gobierno, existe una realidad marcada por la «falta de planificación, deficiencias administrativas y servicios públicos deteriorados». Durante su intervención ha puesto el foco en áreas como Cultura, Urbanismo, mantenimiento urbano, transporte público o personal municipal.

Facturas «judicializadas»

Uno de los asuntos que ha centrado las críticas fue la gestión del Auditorio Fuxan os Ventos. Según han explicado, el espacio comenzó a funcionar sin una ordenanza reguladora, sin tasas aprobadas y sin mecanismos claros de control administrativo. Además, han asegurado que las facturas derivadas de su actividad entre febrero de 2025 y febrero de 2026, que ascienden a más de 140.000 euros, se encuentran actualmente «judicializadas» tras haber sido cuestionadas por técnicos municipales.

También han señalado la situación de la calle de la Milagrosa, una de las principales actuaciones urbanísticas desarrolladas en la ciudad en los últimos años. Los representantes del PP recordaron que las obras permanecieron paralizadas durante meses después de que el anterior ejecutivo decidiese rescindir el contrato con la empresa adjudicataria, una decisión que posteriormente fue objeto de reparos por parte del Consejo Consultivo de Galicia.

Organización municipal

En materia de organización municipal, Ameijide y Vázquez han criticado la existencia de dos brigadas de mantenimiento diferenciadas, una vinculada al PSOE y otra al BNG, algo que, a su juicio, dificultaba la coordinación y ralentizaba la respuesta ante incidencias en la ciudad y que ya fueron unificadas en una sola.

Las críticas han alcanzado también a algunas de las actuaciones urbanísticas impulsadas por el Bloque. Entre ellas citaron el Carril das Flores, «presentado en su momento como uno de los proyectos emblemáticos del mandato anterior» y que, según el actual gobierno, necesita ahora «revisiones y modificaciones por problemas de ejecución y planificación».

Otro de los ámbitos cuestionados fue el transporte urbano. Los concejales populares han denunciado que continúan sin materializarse varias medidas anunciadas durante el pasado mandato, como la implantación de una aplicación móvil para usuarios, la geolocalización en tiempo real de los autobuses o el correcto funcionamiento de los paneles informativos. Además, han mostrado dudas sobre la eficacia del sistema de transporte a demanda implantado en el rural.

Ofertas públicas de empleo

En el apartado de personal, el Gobierno local ha acusado al anterior de haber dejado caducar 59 plazas correspondientes a distintas ofertas públicas de empleo, lo que, según han indicado, provocó vacantes sin cubrir y problemas de funcionamiento en servicios considerados esenciales.

La comparecencia ha servido igualmente para denunciar problemas de gestión ordinaria. Entre ellos, el Gobierno municipal ha destacado la acumulación de 244 vehículos en el depósito municipal del Ceao pendientes de retirada, así como la existencia de coches abandonados durante largos periodos en la vía pública y decenas de solicitudes de vado sin resolver, algunas tramitadas desde el año 2022.

Los responsables municipales también han asegurado haber detectado carencias de mantenimiento en centros educativos y problemas en la organización de actividades extraescolares que afectaron a numerosas familias lucenses.

Finalmente, Ameijide y Vázquez han lamentado «la pérdida de servicios municipales que consideran estratégicos para la vida cultural de la ciudad», como la Banda Municipal de Música o la Escuela Municipal de Música, que permanece cerrada y sin actividad desde hace más de un año.