El BOE da el primer paso para transferir la AP-9: estas son las competencias que asumirá Galicia

La transferencia de la AP-9 a Galicia avanza un paso más. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este viernes la ley que establece el marco jurídico para el traspaso de la Autopista del Atlántico a la Comunidad Autónoma, una norma que entrará en vigor este sábado, 1 de agosto, y que abre el proceso para que el Estado y la Xunta negocien las condiciones definitivas de la transferencia.

La ley, aprobada la pasada semana por el Congreso de los Diputados, no ejecuta de forma automática el cambio de titularidad, sino que fija el procedimiento para hacerlo efectivo. El texto salió adelante después de que la Cámara Baja rechazase las enmiendas introducidas por el PP durante su tramitación en el Senado, manteniendo así el acuerdo alcanzado entre PSOE, Sumar y BNG.

Competencias que pasarían a Galicia

La normativa establece que el Gobierno central y la Xunta deberán elevar a la Comisión Mixta de Transferencias una propuesta de acuerdo que concrete las condiciones y los límites del traspaso. Ese pacto será posteriormente aprobado mediante un real decreto.

Entre las competencias que pasarían a Galicia figuran la titularidad de la AP-9, el régimen jurídico de la concesión y las funciones y servicios vinculados a la principal autopista gallega. El acuerdo también deberá concretar quién autorizará nuevos tramos, enlaces o reformas, cómo se ejercerán las labores de inspección y supervisión de la concesionaria y qué administración tendrá la potestad sancionadora en caso de incumplimientos.

Uno de los aspectos más relevantes será el económico. La negociación deberá determinar cómo se gestionarán las modificaciones del régimen financiero de la concesión, especialmente en lo relativo a la actualización o supresión de peajes, el establecimiento de bonificaciones y la autorización de nuevos descuentos.

La ley también deja claro que el Estado continuará asumiendo las obligaciones económicas derivadas de las decisiones adoptadas mientras la autopista estuvo bajo su competencia. De este modo, las consecuencias financieras de modificaciones aprobadas con anterioridad al traspaso seguirán correspondiendo a la Administración General del Estado, mientras que el futuro acuerdo deberá garantizar el respeto a esos compromisos.

El texto publicado en el BOE difiere del defendido por el PP en el Senado. Los populares proponían que la transferencia de la AP-9 se produjese directamente mediante la propia ley y reclamaban un mayor compromiso económico del Estado, incluyendo la financiación de nuevas bonificaciones para los usuarios de la autopista.