La Xunta pide una comisión bilateral sobre la AP-9 para evitar negociar sobre el texto pactado por la izquierda

Este lunes, tras la reunión del Consello de Gobierno, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha informado de que su equipo acordó solicitar la convocatoria de la Comisión Bilateral de Cooperación entre Administración general del Estado y Galicia.

De esta forma, puntualizan, no acudirán a negociar bajo la premisa del texto aprobado ya en el Congreso de los Diputados y con el que el ejecutivo gallego no está de acuerdo.

La explicación está en que la Comisión Mixta de Transferencias, que es el órgano previsto por la ley para negociar cómo se hace el traspaso de la AP-9, supondría una negociación respetando unas condiciones ya fijadas en el texto legal.

La decisión se fundamenta en el informe jurídico evaluado este lunes en el encuentro del Consello, que concluye que la redacción finalmente aprobada de la norma incorpora «modificaciones sustanciales respecto de la proposición de ley aprobada por unanimidad por el Parlamento de Galicia» y que presenta dudas de constitucionalidad, ya que no transfiere por sí misma las competencias, sino que deja su atribución efectiva a un posterior acuerdo de la Comisión Mixta.

La Xunta considera que, aunque la ley mantiene formalmente la transferencia de la autopista, traslada a una futura Comisión Mixta de Transferencias la definición de cuestiones esenciales, especialmente las relativas al alcance de las competencias y los deberes económicos que deberá asumir el Estado.

Según recoge el informe, una ley orgánica de transferencia debe determinar directamente el contenido esencial del traspaso, mientras que la Comisión Mixta debe limitarse a ejecutar ese mandato legal mediante el traspaso de medios personales, materiales y presupuestarios y la fijación de la fecha de efectividad.

«La Comisión Bilateral tiene que ser anterior a cualquier otro paso, incluyendo la Comisión Mixta de Transferencias», indicó el presidente.

Asimismo, explicó que el Gobierno gallego advierte de que la nueva redacción introduce incertidumbre financiera al supeditar determinados deberes económicos del Estado a los límites económicos existentes en el momento en que se alcance el acuerdo de la Comisión Mixta, una expresión que no figuraba en el texto aprobado por el Parlamento de Galicia.

El informe también destaca que desaparece la garantía expresa por la que el Estado asumía íntegramente las consecuencias económicas derivadas de una eventual nulidad de las prórrogas de la concesión, previsión que sí recogía la iniciativa impulsada desde Galicia.

Por todo esto, la Xunta solicita la apertura de una negociación en el seno de la Comisión Bilateral con el objetivo de alcanzar una transferencia completa, jurídicamente segura y financieramente suficiente.

Además, desde el Ejecutivo autonómico recuerdan que Galicia siempre defendió que la AP-9 debe transferirse libre de cargas, asumiendo el Estado los costes derivados de decisiones adoptadas durante el período en que ejerció la titularidad y garantizando los recursos necesarios para la gestión futura. «El traspaso no puede ser a cualquier precio, tiene que ser en condiciones justas. Los contribuyentes gallegos no tienen que pagar por decisiones que no se adoptaron aquí», indicó Rueda.