El PP advierte de los 4.000 millones que Galicia tendrá que pagar si se traspasa la AP-9 con el texto aprobado

Este mes de julio, el Congreso de los Diputados aprobó la trasferencia de la AP-9 a Galicia. Lo hizo a través de un texto pactado por la izquierda que dejó fuera el acuerdo unánime que se alcanzó en el Parlamento de Galicia.

El portavoz de Infraestructuras del Grupo Popular, Roberto Rodríguez, ha advertido de que la transferencia de la AP-9 será una de las principales cuestiones pendientes al inicio del nuevo curso político y afeó que la «estafa del acuerdo entre PSOE y BNG puede llegar a costarles 4.000 millones de euros a los gallegos».

El PP sostiene que el texto aprobado en Madrid no supone que la AP-9 sea gallega «ni mucho menos gratuita» y afeó la desigualdad de condiciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al decretar la gratuidad de más de mil kilómetros de vías de pago en el resto del país.

El portavoz popular recordó que durante 16 años existió unanimidad en el Parlamento de Galicia para reclamar una transferencia de la AP-9 «libre de cargas», una posición común que, según denunció, PSOE y BNG rompieron en mayo al apoyar en Madrid un acuerdo que rebaja y deja sin garantías las condiciones aprobadas por la Cámara gallega.

«El BNG quiere para Galicia lo que los nacionalistas catalanes no quieren para Cataluña», afirmó Rodríguez, quien calificó el acuerdo de «traición al acuerdo unánime de este Parlamento y una estafa a Galicia y a los gallegos».

El portavoz de Infraestructuras criticó también que se pretenda presentar el nuevo acuerdo como equivalente al aprobado en Galicia. «Si esto fuera cierto, ¿para qué cambiarlos?», preguntó, y advirtió de que el texto pactado introduce modificaciones sustanciales en las condiciones de la transferencia.

El problema

Roberto Rodríguez denunció que el acuerdo entre PSOE y BNG elimina o rebaja garantías que aseguraban que el Estado asumiera los costes derivados de sus propias decisiones durante el período en el que fue titular de la infraestructura.

Entre otras cuestiones, señaló que se trasladan a una futura Comisión Mixta de Transferencias aspectos esenciales que deberían quedar determinados por la propia ley, como el alcance de las competencias, nuevos tramos o nuevas bonificaciones.

Además, desaparecen las garantías para que el Estado asuma las actuaciones e infraestructuras ya comprometidas y las que pudieran ser necesarias en el futuro, así como los recursos necesarios para ampliar las bonificaciones.

Rodríguez advirtió también de que se elimina la obligación estatal de asumir las consecuencias económicas de las decisiones que no sean responsabilidad de Galicia, la supresión del incremento acumulativo del 1 % anual de las tarifas durante 20 años y la cláusula de garantía ante una eventual nulidad de las prórrogas de la concesión.

Sobre este último aspecto, reclamó que cualquier responsabilidad derivada de una eventual decisión europea recaiga sobre los gobiernos estatales que aprobaron las sucesivas prórrogas y no sobre los gallegos.

«Si Europa decreta la nulidad de la prórroga, que se exijan las responsabilidades que correspondan a los gobiernos del Estado que aprobaron las sucesivas prórrogas, pero nunca puede recaer esa responsabilidad en el bolsillo de los gallegos», afirmó.

Según el portavoz popular, el conjunto de estas modificaciones puede suponer una factura de hasta 4.000 millones de euros para Galicia.

«Lo que debería pagar Sánchez, el BNG quiere que lo paguemos los gallegos», aseguró.

«Transferencia trampa»

«Queremos la transferencia, pero no una transferencia trampa», resumió Rodríguez. «No una transferencia incompleta, insuficientemente financiada o que traslade a Galicia las consecuencias de las decisiones adoptadas previamente por el Estado».

En este sentido, defendió que Galicia debe recibir una infraestructura libre de cargas, con la financiación necesaria para su gestión futura y sin asumir los costes derivados de las decisiones adoptadas por el Estado cuando la infraestructura estaba bajo su titularidad.