Galicia reclamará más de 150 millones de euros en los tribunales al cártel de los pañales

La Xunta licita la contratación de servicios jurídicos para recuperar en lo posible los en torno a 153 millones de euros que calcula que el denominado cártel de los pañales obtuvo de la Administración gallega al «inflar» artificialmente los precios del material. Estas empresas fueron sancionadas por concertarse para inflar los precios de los absorbentes de incontinencia urinaria para adultos.

Una decisión que llega después de que el Tribunal Supremo confirmase la sanción a estas empresas. Ante esto, la Xunta de Galicia intentará recuperar el máximo dinero posible contratando un servicio de defensa y representación jurídica para realizar la reclamación correspondiente.

Además de la mera representación y defensa procesal, deberá encargarse de la prueba pericial para cuantificar con rigor el coste exacto que tuvieron esas compras para la Administración.

Alfonso Rueda ha recordado que el análisis realizado por el Sergas ha permitido cifrar en casi 141 millones de euros (140,8 millones), la cuantía sufragada a estas empresas entre 2004 y 2014. Sin embargo, están pendientes de cuantificar con exactitud los gastos correspondientes al período entre 1996 y 2004. La Xunta estima que la reclamación total podría elevarse a 153 millones de euros, porque los sistemas de facturación eran distintos, y esa labor de peritaje será encargada al servicio jurídico que se contrate.

«Hablamos de cantidades muy importantes, y la Xunta quiere recuperar la parte que sea posible», ha indicado el titular del Ejecutivo autonómico, que ha recordado que la actuación irregular de esas empresas «repercutió muy directamente en los grandes compradores de ese material», como son las administraciones públicas, en ámbitos como la atención sanitaria o las residencias.

Sancionadas por la CNMC

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sancionó en 2016 por 128 millones de euros a ocho empresas fabricantes e importadoras de estos pañales para adulto, a la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria y a dos personas físicas, por su participación en prácticas restrictivas de la competencia.

Así, quedó acreditado que las empresas acordaron un precio para los pañales, que resultó ser el doble del precio logrado mediante licitaciones públicas de las distintas Comunidades Autónomas.