Déborah Fernández
Nuevo revés para la familia de Déborah Fernández: la Audiencia rechaza que la UCO asuma el caso
El caso permanece archivado después de años de investigación y de distintos procedimientos judiciales
La familia de Déborah Fernández ha recibido un nuevo revés judicial en su intento de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil asuma la investigación sobre la muerte de la joven viguesa. La Audiencia Provincial de Pontevedra ha rechazado el recurso presentado por sus familiares y ha confirmado la decisión del Juzgado de Instrucción de Tui, que ya había desestimado apartar a la Policía Nacional de las diligencias.
La resolución, dictada por la sección segunda de la Audiencia Provincial en un auto del pasado mes de junio, considera que no corresponde a las partes decidir qué cuerpo policial debe hacerse cargo de una investigación. Contra esta decisión no cabe recurso.
Resolución definitiva
Déborah Fernández desapareció en abril de 2002. Días después, su cadáver fue localizado en una cuneta del Rosal. El caso permanece archivado después de años de investigación y de distintos procedimientos judiciales.
La familia había solicitado al juzgado de Tui que las diligencias realizadas en su día por la Policía Nacional fueran trasladadas a la UCO de la Guardia Civil, con el objetivo de que este cuerpo asumiese la investigación. Sin embargo, el juzgado rechazó la petición al considerar que es el órgano jurisdiccional el que encomienda a la policía judicial correspondiente la práctica de las diligencias.
En concreto, el tribunal señala que «no se puede cambiar de cuerpo policial para que lleven a cabo una especie de inspección o fiscalización de lo realizado por otro cuerpo o fuerza de seguridad, o por distintos agentes del mismo cuerpo, con el fin de depurar otro tipo de responsabilidades». La resolución recuerda además que el procedimiento se encuentra sobreseído y archivado y que no constan nuevos indicios o hechos que justifiquen su reapertura.
El tribunal provincial también advierte de que no puede «imponer» al juzgado de instancia determinados criterios de actuación más allá de lo que corresponde resolver al analizar un recurso, especialmente cuando se trata de un procedimiento que ya ha sido archivado.
De este modo, la petición de la familia para que la UCO asuma la investigación queda definitivamente descartada, al no caber recurso contra el auto de la Audiencia Provincial de Pontevedra.