Imagen de archivo de un trabajador en una obra.
Jornadas de 13 horas y sin contrato: piden siete años para un empresario de Lugo por explotar a dos inmigrantes
La Fiscalía sostiene que trabajaban en obras de construcción por 50 euros al día y que uno de ellos sufrió un accidente que le dejó graves secuelas tras 601 días de recuperación
Sin contrato, sin estar dados de alta en la Seguridad Social, sin equipos de protección y con jornadas que podían prolongarse durante más de 13 horas al día. Es el escenario que describe la Fiscalía en su escrito de acusación contra un empresario de Lugo para el que solicita siete años de prisión por, presuntamente, emplear y someter a condiciones laborales abusivas a dos trabajadores migrantes en situación irregular. El procedimiento continúa abierto después de que se celebrase una vista previa en la que las partes no alcanzaron un acuerdo.
Según el Ministerio Público, el acusado, titular y administrador único de una empresa, habría empleado desde 2020 a un trabajador de nacionalidad venezolana y, desde mayo de 2022, a otro de nacionalidad colombiana, pese a saber que ambos carecían de permiso de residencia y trabajo en España. Los dos trabajaban como peones de albañilería en diferentes obras de construcción y reforma de la provincia de Lugo. La Fiscalía sostiene que no tenían contrato escrito y que cobraban 50 euros por cada jornada trabajada en mano.
Sin protección en jornadas de 13 horas
El relato de la acusación describe unas jornadas laborales en las que los trabajadores debían estar preparados desde las 7:30 horas para ser recogidos por el empresario y trasladados a las obras que este determinase. La jornada se prolongaba, según la Fiscalía, hasta al menos las 20:30 horas, con una pequeña pausa para comer. Además, ninguno de los dos habría sido dado de alta en la Seguridad Social ni habría recibido nóminas o documentación que acreditase el pago de los salarios.
La acusación sostiene que tampoco cobraban horas extraordinarias ni la parte proporcional de las pagas extraordinarias, ni tenían garantizados el descanso semanal o las vacaciones. El Ministerio Público añade que, desde agosto de 2022, el empresario habría dejado voluntariamente de abonar las cantidades pactadas pese a continuar empleando a los trabajadores.
La Fiscalía pone especial énfasis en las condiciones de seguridad de las obras. Entre las tareas que realizaban los dos trabajadores estaban la retirada y limpieza de cubiertas deterioradas y la colocación de tejados de pizarra en viviendas unifamiliares. Según el escrito de acusación, ninguno había recibido formación o información sobre prevención de riesgos laborales ni había pasado los reconocimientos médicos correspondientes.
Tampoco disponían, siempre según la Fiscalía, de ropa adecuada ni de equipos de protección individual o colectiva para prevenir cortes y caídas desde altura. Las obras, además, carecerían de la documentación preventiva y del Plan de Seguridad y Salud debidamente aprobado.
Un accidente con graves secuelas
Uno de los episodios más graves se produjo en septiembre de 2020, cuando uno de los trabajadores sufrió un accidente mientras utilizaba una máquina radial en una obra de Queizán, en Lugo. Según el relato del Ministerio Público, la herramienta le provocó un corte en el brazo. Las lesiones requirieron tratamiento médico y varias intervenciones quirúrgicas y el trabajador tardó 601 días en sanar.
La Fiscalía sostiene que le quedaron importantes secuelas, entre ellas una lesión severa del nervio cubital del antebrazo izquierdo, además de varias cicatrices, pérdida de calidad de vida e incapacidad para desarrollar su trabajo o actividad profesional. Al no estar dado de alta en la Seguridad Social, el trabajador no habría percibido ninguna prestación durante el periodo de baja y tuvo que asumir parte de los gastos sanitarios derivados del accidente, según la acusación. El Ministerio Público añade que la empresa tampoco disponía de un seguro de responsabilidad civil para cubrir los accidentes de estos trabajadores.
La Fiscalía considera que los hechos podrían ser constitutivos de tres delitos: contra los derechos de los trabajadores, contra la seguridad de los trabajadores y lesiones por imprudencia grave. Por el primero solicita tres años y seis meses de prisión, además de una multa de 6.000 euros. Por el delito contra la seguridad de los trabajadores reclama otros dos años de cárcel, una multa de 7.200 euros y la inhabilitación para ejercer una profesión o actividad relacionada con la construcción. Finalmente, por las lesiones por imprudencia grave solicita un año y seis meses de prisión. En total, la petición alcanza los siete años de cárcel, mientras que la defensa del empresario niega los hechos y solicita la libre absolución.
La acusación reclama también diferentes cantidades en concepto de responsabilidad civil. Además de los salarios que los dos trabajadores habrían dejado de percibir, la Fiscalía solicita para el empleado que sufrió el accidente 32.754,35 euros por las lesiones, 1.983,89 euros por las intervenciones quirúrgicas y 56.521,67 euros por las secuelas y el perjuicio moral derivado de la pérdida de calidad de vida. A estas cantidades habría que añadir los gastos médicos que puedan acreditarse.
El escrito reclama asimismo que se abonen al Sergas los gastos derivados de la asistencia sanitaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social las cuotas que se dejaron de ingresar por los dos trabajadores, junto con los intereses correspondientes.
