Inés Rey amenaza a la Xunta con «mecanismos legales» si «se apropia indebidamente» de los fondos de la zona tensionada

La alcaldesa de La Coruña, Inés Rey, ha elevado la tensión política al amenazar a la Xunta de Galicia con recurrir a «mecanismos legales» si el Ejecutivo autonómico de Alfonso Rueda «se apropia indebidamente» de los fondos estatales derivados de la declaración de la ciudad como zona tensionada.

Durante una dura comparecencia este miércoles, la regidora socialista ha exigido al presidente Alfonso Rueda que «recapacite» y no retenga los 5,1 millones de euros que transferirá el Ministerio de Vivienda. «Espero que el presidente de la Xunta recapacite y que no se apropie indebidamente de unos fondos que no le corresponden», ha dicho Rey antes de lanzar una advertencia tajante: «Si esto se hace y hay mecanismos legales, los utilizaré».

Asimismo, la regidora de La Coruña ha acusado al Gobierno gallego de «hurtar, a priori, esos cinco millones de euros» tras su negativa a transferir las partidas, afeando al Ejecutivo autonómico que pretenda «mercadear» con la vivienda.

Con respecto al reparto de las ayudas, la alcaldesa ha sido tajante al exigir que los recursos se transfieran a las entidades locales: «Aquí lo que se exige es que, si por haber sido declaradas zonas tensionadas después de todo ese esfuerzo, el Ministerio otorga unos fondos, esos fondos vayan a aquellas políticas de vivienda de quienes hemos estado trabajando y conocemos de primera mano la realidad de nuestras ciudades».

Tanto la regidora socialista como la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, se han empeñado en que tienen que ser ellas quienes controlen los 5,1 millones de euros que el Gobierno podría dar en ayudas en materia de vivienda por las zonas tensionadas. Desde el Gobierno autonómico han reiterado, una y otra vez, que ese dinero irá destinado a las dos ciudades.

Fracaso de las zonas tensionadas

La declaración de las zonas tensionadas ha centrado tambien buena parte de la sesión de control al presidente de la Xunta en el Parlamento gallego este miércoles. Durante el debate, la líder del BNG, Ana Pontón, ha exigido al jefe del Ejecutivo autonómico que extienda esta medida de control de precios a otros municipios de la comunidad, poniendo como ejemplo los casos ya activos de La Coruña y Santiago.

Sin embargo, Alfonso Rueda se ha defendido con dureza exhibiendo el desplome de la oferta residencial en el mercado tradicional. «¿Cómo que no queremos declarar? Si ya lo hicimos a petición de dos ayuntamientos. ¿Sabe usted cuál fue la evolución de los contratos de alquiler en La Coruña? De julio de 2025 a julio de 2026 pasaron de 734 a 349», ha replicado el presidente de la Xunta a la portavoz nacionalista para justificar su rechazo a ampliar la norma.