El plan del Gobierno para la costa que mantiene en vilo a Galicia: más de 2.500 edificaciones amenazadas
La Xunta exige la retirada del Real Decreto de inundaciones de Madrid, que pretende fijar los deslindes midiendo un temporal puntual en lugar de los cinco años obligatorios hasta la fecha
Más de 2.500 edificaciones en un limbo legal en la costa de Galicia. Este es el cálculo que hace la Consejería de Medio Ambiente y Cambio Climático tras analizar el nuevo plan del Gobierno de modificar los criterios técnicos a través del Real Decreto de riesgos de inundación, en proceso de estudio de alegaciones. Un cambio que altera sustancialmente la delimitación de la zona de Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT).
Hasta la fecha, los niveles máximos de deslinde del Reglamento General de Costas se establecen en base a un estudio desarrollado a lo largo de cinco años, con marcas que debían repetirse cinco veces consecutivas. Con el nuevo plan, se pretende eliminar ese requisito para establecerse otro criterio muy distinto: tan solo es suficiente con que una única ola alcance una altura máxima en un momento puntual de un fuerte temporal para redefinir el límite.
Una modificación con la que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico recupera la misma modificación que ya había intentado introducir en el año 2022, tal y como denuncia la Xunta de Galicia. En esa ocasión, el propio Tribunal Supremo truncó sus planes.
El impacto no es baladí. Según los cálculos que maneja el Ejecutivo gallego, la superficie catalogada como dominio público en Galicia aumentaría en 6,53 kilómetros cuadrados. Este incremento llevaría el mapa costero protegido hasta un total de 156 kilómetros cuadrados, el equivalente a más de cuatro veces el término municipal de La Coruña.
La reforma amenazaría de golpe a 2.511 edificaciones, que pasarían de forma automática a ser catalogadas como bienes de dominio público. Entre los inmuebles afectados se encuentran depuradoras, pabellones o industrias que, al quedar atrapados dentro de los nuevos límites estatales, correrían el riesgo de ser expropiados sin que la Administración central tenga que realizar ningún tipo de desembolso económico.
Ante esto, la Xunta de Galicia ya ha presentado las alegaciones correspondientes. Exige la retirada del Real Decreto de inundaciones de Madrid, que pretende fijar los deslindes midiendo un temporal puntual en lugar de los cinco años obligatorios hasta la fecha.
