La alcaldesa de La Coruña, Inés Rey, y el portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage Tuñas
El PSOE de Inés Rey se niega a ceder unas parcelas a la Xunta para viviendas públicas en plena crisis habitacional
Los socialistas se alían de nuevo con los nacionalistas para tumbar una moción del PP, mientras la alcaldesa responde con dureza a las peticiones de la Xunta
Después del plantón del BNG a la alcaldesa socialista Inés Rey para negociar los presupuestos de 2027 del Ayuntamiento de La Coruña, ambas formaciones se han puesto de nuevo de acuerdo para rechazar una moción del PP, en plena crisis habitacional, que exigía ceder parcelas a la Xunta de Galicia para la construcción de más vivienda pública.
El rechazo del bloque de izquierdas en María Pita a la liberación de suelo municipal tiene relación con el duro enfrentamiento entre la alcaldesa y la Xunta de Galicia por unas ayudas. El motivo de la disputa son los 5,1 millones de euros que el Estado transferirá al Gobierno autonómico tras la declaración de La Coruña y Santiago como zonas tensionadas.
Ambos ayuntamientos exigen la gestión directa de estos fondos y se oponen frontalmente a que el Ejecutivo autonómico controle las partidas destinadas a la ciudad. La propia Inés Rey amenazó con «mecanismos legales» si el Ejecutivo autonómico de Alfonso Rueda «se apropia indebidamente» de los fondos estatales derivados de la declaración de la ciudad como zona tensionada.
En concreto, la alcaldesa quiere emplear el dinero (que para La Coruña son 3,6 millones de euros) en renovar los pisos de alquiler social municipales y en ayudas para cubrir seguros de impago
Desde el Gobierno autonómico han reiterado, una y otra vez, que ese dinero irá destinado a las dos ciudades y que serán ellos los que gestionen los fondos para construir vivienda protegida. La consejera de Vivienda, María Martínez Allegue, pidió al Ayuntamiento que le ceda las 40 viviendas municipales vacías a causa de sus deficiencias para destinarlas a tal fin ya que ellos «sí que tiene capacidad económica para su rehabilitación y se destinarán, como es lógico, al alquiler de los inscritos en el registro de demandantes de vivienda».
Sin embargo, la alcaldesa se niega en rotundo. «Lo que tiene que hacer es ejecutar el presupuesto de su Consejería, que trabaje en lo suyo y luego se dedique a meterse en los asuntos de los demás», dijo este viernes a los medios en un descanso en la sesión extraordinaria del Congreso de los Diputados tras acudir en calidad de vicepresidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Además de criticar algunos de los proyectos de la Xunta de Galicia: «Antes de ordenar las casas de los demás, tiene que tener la suya arreglada».