Galicia blinda su ley contra el acoso digital, pionera en Europa, frente al rechazo de la oposición
El proyecto de la Xunta inicia su tramitación con servicios como el borrado gratuito de la huella digital y el apoyo legal a las víctimas sin necesidad de denuncia
La Xunta ha iniciado en el Parlamento de Galicia la tramitación de la Ley de Medidas Integrales contra el Acoso y la Violencia Digital, una normativa pionera en Europa que consta de 26 artículos. El proyecto ha iniciado su camino legislativo con el rechazo frontal de la oposición. Tanto el BNG como el PSOE de Galicia han coincidido en tachar la norma de «insuficiente» porque no concreta contenidos, protocolos, profesionales responsables ni mecanismos de detección y atención temprana.
Los socialistas han reclamado también un plan gallego contra la violencia digital hacia las mujeres, datos específicos en el Observatorio Gallego da Violencia de Género y financiación para que los ayuntamientos puedan asumir las nuevas responsabilidades que les atribuya la norma.
No obstante, las enmiendas a la totalidad presentadas por ambos partidos no han salido adelante, lo que permite que el texto continúe su debate en la cámara.
Borrado de la huella digital
Entre las medidas principales del proyecto legislativo destacan la formación obligatoria en competencia digital en todas las etapas educativas no universitarias, la puesta en marcha de un plan integral contra el ciberacoso y el impulso de acuerdos estratégicos con las grandes plataformas y empresas de redes sociales.
La norma también impulsará la puesta en funcionamiento de un servicio gratuito de borrado de la huella digital, «que significa suprimir todo material digital que continúe accesible en redes y que se empleó como instrumento de acoso o de violencia digital».
La futura ley también creará un canal de asesoría gratuita para blindar a las víctimas ante nuevos ataques informáticos mediante soporte técnico específico y sin necesidad de denuncia previa. Además, el plan incluye la elaboración de una guía con pautas clave para salvaguardar de forma correcta las evidencias digitales de la agresión.
Con este paso, la comunidad se convierte en la primera región en dotarse de un marco jurídico específico para combatir los delitos cometidos a través de internet y las redes sociales.