La alcaldesa de Santiago utiliza la baza de un «boicot» de la Xunta para justificar el fracaso de su zona tensionada

La Coruña es el ejemplo perfecto de que las políticas de control de precios en el mercado de la vivienda no funcionan. Tras más de un año de la declaración zona tensionada, los nuevos contratos de alquiler se han reducido un 52 %. Pese a la contundencia de los datos, la alcaldesa nacionalista Goretti Sanmartín decidió importar la misma medida y no le ha ido mejor. El volumen de arrendamientos del mes siguiente a su puesta en marcha refleja una reducción del 55 %. Se pasó de los 441 contratos a 199, según los últimos datos del depósito de Fianzas del IGVS.

Ante esto, la alcaldesa de Santiago ha acusado a la Xunta de realizar un «boicot» a la zona de mercado residencial tensionada en la ciudad y le ha pedido «colaboración» para su aplicación: «Parece lógico que pensemos que existe un boicoteo a una medida que no les gusta para poder decir que no funciona».

En una comparecencia ante la prensa este viernes, Sanmartín ha realizado un balance sobre los instrumentos utilizados por su Gobierno y por el autonómico para atajar la situación actual de la vivienda, que, en sus palabras, «se convierte en un centro claro de debate, reflexión, análisis y de toma de posición de aquí a los próximos meses».

Sigue apostando por la zona tensionada

Aunque aprecia los planes de la Xunta para ampliar el parque de vivienda de la ciudad, Sanmartín apuesta por «otro tipo de medidas», como es el caso de la zona tensionada, en vigor desde julio, y se ha mostrado crítica con la valoración que el Gobierno gallego ha realizado esta semana sobre sus primeros efectos cuando lo único que ha hecho es remitir los datos.

Por una parte, no le parece «serio» evaluar sus efectos «apenas unos dos meses después de entrar en vigor»; y, por otra, cree que no se debe amparar únicamente en los datos de depósitos de fianzas del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo (IGVS). «El propio IGVS ya dice que estos son provisionales e incompletos», ha apuntado.

Al respecto, la regidora ha recalcado que esto «no sirve para medir la eficacia de la medida» al no tener en cuenta las viviendas que no salen al mercado porque continúan alquiladas. Se olvida de que sucede lo mismo en La Coruña y la medida lleva más de un año implantada.

Muchos factores

«Pueden estar firmándose menos contratos porque hay más estabilidad y, por tanto, menos rotación y menos gente que tiene que dejar el piso y buscar otro. Eso además es una realidad que contrastamos a veces hablando con gente que se queda los piso de un año para otro», ha apreciado Sanmartín.

En relación a los precios, insiste en que «no deberían subir» y que, si eso se produce, «es porque la Xunta no está activando los mecanismos que están en su mano para que se cumplan las medidas de contención de precios previstas en la ley», ha asegurado. Considera que es «imposible» abordar un problema «tan complejo» como la vivienda «sin la colaboración de todas las administraciones».

Además, la regidora entiende que esa colaboración pasa por que, cuando una administración decide utilizar una herramienta que ve «útil», como el Ayuntamiento con la zona tensionada, «la otra administración, en este caso la Xunta, tiene que colaborar con ella». «Quien tiene el registro de contratos y quien puedes aplicar sanciones es la Xunta», ha recalcado.