El portavoz parlamentario del PP de Galicia, Alberto Pazos CouñagoPP DE GALICIA

El PP denuncia que en Galicia hay 1.756 viviendas y 2.654 suelos de la Sareb bloqueados por el Gobierno central

El Parlamento debate esta semana una iniciativa para exigir la cesión gratuita y definitiva de este patrimonio residencial, concentrado en su mayoría en la provincia de La Coruña

Galicia mantiene inmovilizadas un total de 1.756 viviendas y 2.654 suelos propiedad de la Sareb debido al bloqueo del Gobierno central, según los datos proporcionados por el Partido Popular. Ante esto, la formación impulsará una Proposición No de Ley (PNL) para exigir al Ejecutivo estatal «lealtad» y que responda sobre la cesión gratuita y definitiva de todas las propiedades.

El anuncio lo realizó el portavoz del grupo parlamentario popular, Alberto Pazos Couñago, tras la reunión de la junta de portavoces. Según el desglose provincial detallado por el propio portavoz, el grueso de este parque residencial inmovilizado se concentra en La Coruña, con más de 1.000 inmuebles, seguida de Pontevedra con unas 400 propiedades, Lugo con cerca de 200 y Orense, donde apenas se registra una veintena.

En paralelo, los populares defenderán una segunda PNL destinada a exigir «transparencia real» al Ministerio de Vivienda. Con esta iniciativa, el Partido Popular reclamará al Gobierno central la localización exacta de estas propiedades, el número total de inmuebles y un inventario de suelo de los anuncios estatales en Galicia, así como la publicación de la fecha real de entrega de llaves.

Un pleno marcado por la vivienda

Estas medidas se trasladarán esta misma semana al Parlamento de Galicia, que albergará un pleno marcado por el debate sobre la crisis del acceso a la vivienda. El Partido Popular también hará una pregunta oral sobre los últimos reales decretos del Ejecutivo estatal, que Couñago ha tachado de «refrito de ideas», «intervencionistas» y «generadores de «inseguridad jurídica».

Por otra parte, el BNG llevará al Parlamento de Galicia una moción destinada a blindar la función social de la vivienda pública y una PNL para exigir que la Xunta construya una residencia pública de estudiantes en cada uno de los siete campus gallegos.