Galicia endurece el castigo por usar el móvil en clase: hasta 20 días de expulsiónPexels

Galicia endurece el castigo por usar el móvil en clase: hasta 20 días de expulsión

La Xunta introduce tres niveles de faltas en los centros educativos y contempla sanciones de hasta cinco días de expulsión por incumplir reiteradamente las obligaciones académicas

Utilizar el teléfono móvil durante la jornada escolar puede salir más caro a los alumnos gallegos. La Xunta endurecerá el régimen disciplinario de los centros educativos con sanciones que podrán llegar a los 20 días lectivos de expulsión por usar estos dispositivos, además de otras medidas para penalizar el incumplimiento de las obligaciones académicas y combatir el acoso y el ciberacoso.

La medida refuerza la prohibición del uso de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos en los centros educativos, vigente en Galicia desde enero de 2024, salvo en determinados usos pedagógicos autorizados. Además, la Xunta restringirá su utilización con fines académicos y la limitará a partir de tercero de la ESO.

Así queda la nueva regulación

El uso del teléfono móvil u otros dispositivos electrónicos durante la jornada escolar quedará tipificado como una conducta grave contraria a la convivencia. La prohibición abarca también los momentos de entrada y salida del centro, los recreos, el comedor y las actividades extraescolares.

Hasta ahora, el régimen distinguía entre comportamientos leves y conductas gravemente perjudiciales. Con la nueva regulación se establecen tres categorías: leves, graves y gravemente perjudiciales.

Los alumnos que cometan esta infracción podrán recibir tareas educativas o actividades académicas, dentro o fuera del horario lectivo. En los casos en que se imponga la sanción más severa, la expulsión podrá prolongarse entre seis y 20 días lectivos. Durante ese periodo, los estudiantes deberán realizar desde casa las actividades correspondientes para garantizar la continuidad de su aprendizaje.

La aplicación de estas medidas corresponderá a cada centro educativo, que tendrá en cuenta las circunstancias de la infracción, su gravedad y la posible reincidencia. Por tanto, el incumplimiento no implica automáticamente una expulsión de 20 días.

No hacer los deberes causa de expulsión

La reforma no se limita al uso de los teléfonos. La Xunta también contempla sanciones para los alumnos que no entreguen las tareas educativas propuestas por los profesores o que acudan reiteradamente y sin justificación a clase sin los materiales necesarios.

Estas conductas se considerarán faltas leves y podrán castigarse con tareas educativas o actividades académicas, dentro o fuera del aula. En los supuestos más graves, especialmente cuando exista reincidencia, la sanción podrá llegar a cinco días de expulsión del centro.

La directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, ha recalcado que no se pretende castigar automáticamente a un estudiante por olvidarse un día de una libreta o no entregar una tarea puntual. Según ha explicado, serán los centros los que valoren las circunstancias de cada caso y gradúen la sanción correspondiente.

Medidas contra el acoso escolar

El endurecimiento disciplinario también busca combatir el acoso y el ciberacoso. En estos casos, las conductas se consideran gravemente perjudiciales para la convivencia y pueden conllevar el cambio de centro del alumno responsable.

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ha defendido que la prohibición del móvil ha tenido una buena acogida entre las familias y las comunidades educativas, al favorecer la socialización, reducir las distracciones y disminuir el riesgo de ciberacoso.

«Ojalá no haya que expulsar a nadie», ha señalado el conselleiro, quien ha defendido la necesidad de actuar cuando se producen situaciones de acoso. A su juicio, las normas deben ir acompañadas de consecuencias para quienes las incumplen.

Rodríguez ha argumentado que un buen clima de convivencia resulta fundamental para el aprendizaje y ha defendido que las nuevas medidas se han planteado con criterios de objetividad y seguridad jurídica.

Con esta reforma, la Xunta pretende reforzar la autoridad del profesorado y dotar a los centros de un marco disciplinario más detallado para responder a los incumplimientos de las normas de convivencia.