Un juez de Porriño investiga un chat de hasta 300 policías por compartir fotos de detenidos y datos confidenciales

Un juez de Porriño (Pontevedra) investiga la actividad de un chat de Telegram en el que hasta 300 agentes de distintos cuerpos policiales habrían compartido fotografías de detenidos, datos personales e información confidencial obtenida mediante consultas policiales. La causa, que se encuentra en una fase inicial, está declarada secreta y busca esclarecer si estos intercambios pudieron constituir delitos relacionados con la revelación de secretos y la custodia de documentos.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) han confirmado la apertura de diligencias judiciales sobre este grupo de mensajería extraoficial, en el que, según publicó el diario The Objective, participarían miembros de la Policía Nacional, la Guardia Civil y distintas policías locales.

Fotos de detenidos y datos policiales

La investigación se inició después de que un antiguo representante sindical de la comisaría de Vigo denunciase el funcionamiento de este foro, en el que supuestamente se difundían datos protegidos fuera de los procedimientos establecidos. Según las informaciones publicadas sobre el caso, la Fiscalía de Vigo examinó las pruebas aportadas antes de que las actuaciones llegasen al juzgado.

El grupo habría servido para intercambiar información sobre personas sospechosas de cometer delitos y facilitar su identificación cuando se encontraban fuera del ámbito territorial habitual de actuación de los agentes. Entre los contenidos que supuestamente circulaban figuraban antecedentes, datos de filiación, información sobre vehículos, documentos procedentes de consultas policiales y fotografías de personas detenidas o sospechosas.

La intención sería agilizar las intervenciones y facilitar la colaboración entre funcionarios de distintas localidades sin recurrir a todos los trámites oficiales. De acuerdo con la información difundida por The Objective, en algunas ocasiones se habrían compartido imágenes de detenidos en los calabozos.

El principal problema que plantea esta práctica es que el chat no constituía un canal oficial y estaba integrado en una aplicación de mensajería de uso general. Por tanto, la circulación de archivos y datos personales quedaría al margen de los mecanismos de supervisión y control previstos para la información policial reservada.

Según The Objective, la Fiscalía habría apreciado indicios de posibles delitos de revelación de secretos, infidelidad en la custodia de documentos y omisión del deber de perseguir delitos. No obstante, la calificación definitiva dependerá de los hechos que puedan acreditarse durante la investigación judicial.

Por ahora, las diligencias judiciales continúan bajo secreto y no se han hecho públicas posibles imputaciones individuales. El juzgado deberá esclarecer si el chat se utilizó exclusivamente para facilitar la coordinación entre agentes o si se convirtió en una vía de difusión de información confidencial al margen de los cauces oficiales.