Cuatro años de cárcel para un narcotraficante por blanqueo de capitales tras comprar un centro comercial en NigránCentro Comercial Ramallosa

Cuatro años de cárcel para un narcotraficante por blanqueo de capitales tras comprar un centro comercial en Nigrán

El Tribunal Supremo confirma la condena al cambadés O Parido, que utilizó sociedades y testaferros para adquirir inmuebles en Nigrán, A Cañiza y Villagarcía de Arosa

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a cuatro años de cárcel para Juan Carlos F. C., conocido como O Parido, por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico mediante la compra de un centro comercial en Nigrán y otras propiedades inmobiliarias en la provincia de Pontevedra. La sentencia, fechada el 5 de octubre de 2026, ratifica también una multa de 1,29 millones de euros por un delito de blanqueo de capitales con la agravante de reincidencia.

La resolución confirma, además, las penas de tres años y tres meses de cárcel para su esposa y su expareja, que participaron en las operaciones investigadas. Los bienes adquiridos con el dinero procedente de la actividad delictiva han sido decomisados. Según informó La Voz de Galicia, el entramado empresarial permitió al narcotraficante ocultar el origen de los fondos mediante sociedades radicadas en Portugal y empresas inmobiliarias, así como a través de personas interpuestas que figuraban como titulares de los bienes.

Centro comercial, fincas y propiedades

Una de las principales operaciones se centró en el centro comercial A Romana, situado en A Ramallosa, en Nigrán. La trama adquirió dos fincas integradas en el edificio: un local de 1.967 metros cuadrados, valorado en cerca de 380.000 euros, y un espacio de unos 3.000 metros cuadrados destinado a garajes, aparcamientos y servicios, tasado en aproximadamente 478.000 euros.

Para llevar a cabo la operación, los implicados recurrieron a sociedades mercantiles y a ampliaciones de capital que permitieron incorporar los inmuebles al patrimonio empresarial. De esta forma, el dinero procedente del tráfico de drogas se transformaba en bienes inmobiliarios y se dificultaba el rastreo de su origen.

Uno de los episodios más llamativos del caso tuvo lugar en septiembre de 2012. Un testaferro ingresó unos 850.000 euros en efectivo en una cuenta bancaria portuguesa y justificó la procedencia del dinero asegurando que su esposa había encontrado un documento de su padre fallecido que revelaba la existencia de esos fondos, supuestamente guardados en un cofre de madera.

Al día siguiente, retiró el dinero y efectuó varios pagos a empresas y personas vinculadas con la trama. La investigación acreditó que estos movimientos formaban parte del mecanismo utilizado para financiar las adquisiciones inmobiliarias.

Las inversiones también alcanzaron A Cañiza, donde el narcotraficante adquirió en 2012 siete fincas que sumaban 101.190 metros cuadrados, además de un chalé. Por estas propiedades se abonaron 135.000 euros, pese a que su valor catastral se aproximaba al triple.

La operación se realizó a través de una sociedad portuguesa controlada por el acusado y de personas interpuestas. Según los hechos probados, la expareja de O Parido efectuó el primer pago de 15.000 euros, pese a carecer de capacidad económica para justificarlo. Posteriormente, una empresa portuguesa ingresó otros 120.000 euros en la cuenta del vendedor.

La red también extendió sus operaciones a Vilagarcía de Arosa. En marzo de 2012 se adquirieron tres locales comerciales en esta localidad, dos de ellos situados en un inmueble de la avenida de As Carolinas. La expareja del narcotraficante compró estos dos establecimientos por 152.000 euros, aunque tampoco disponía de ingresos lícitos que justificasen el desembolso.

Durante los años siguientes, los implicados utilizaron distintas sociedades inmobiliarias y sucesivas transmisiones de participaciones para mantener el control de los bienes y dificultar la identificación de sus verdaderos propietarios.

O Parido ya había sido condenado a 13 años y medio de cárcel por su participación en un alijo de 3.000 kilos de cocaína interceptado en la playa de Muxía en 2009. Las operaciones de blanqueo ahora confirmadas por el Supremo se desarrollaron en los años posteriores, mediante inversiones inmobiliarias destinadas a introducir en la economía legal las ganancias del narcotráfico.