Vigo podría tener que pagar un millón de euros por revocar la licencia de una obra de la Xunta
Vigo se enfrenta a una factura de un millón de euros por paralizar una obra de la Xunta
El Gobierno gallego estudia reclamar al Ayuntamiento los gastos derivados de la suspensión del centro de asociacionismo, después de que el TSXG anulase la revocación de la licencia urbanística
La paralización de un proyecto de la Xunta en Vigo podría acabar teniendo un coste millonario para las arcas municipales. El Gobierno gallego calcula que los gastos derivados de la suspensión de las obras del futuro centro de asociacionismo podrían ascender a alrededor de un millón de euros, una cantidad que estudia reclamar al Ayuntamiento por haber revocado la licencia urbanística que había concedido previamente.
El conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo, ha confirmado que la Xunta está valorando repercutir al Consistorio los costes ocasionados por la paralización del proyecto, que llegó a ser contratado y adjudicado a una empresa antes de quedar bloqueado por la decisión municipal.
A la espera de que la sentencia sea firme
La posible reclamación está pendiente de que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) que anuló la suspensión de la licencia urbanística sea firme. El alto tribunal dio la razón al Gobierno gallego al considerar que el Ayuntamiento no podía revocar el permiso con los argumentos que había utilizado. Ahora, la Xunta espera conocer si el gobierno local decide recurrir el fallo ante el Tribunal Supremo.
«Lo que estamos valorando, lógicamente, es repercutirle al Ayuntamiento los costes en los que la Xunta incurrió para llevar a cabo, primero el proyecto, la contratación y después la adjudicación y la resolución del contrato», ha explicado Calvo.
El conselleiro ha situado en torno al millón de euros el importe que podría reclamar la Administración autonómica. Esa cantidad incluiría, entre otros conceptos, el resarcimiento a la empresa adjudicataria por la resolución del contrato y los gastos asumidos durante la tramitación y puesta en marcha de la actuación.
El conflicto afecta al futuro centro de asociacionismo que la Xunta proyectaba construir en la calle Lalín, en uno de los edificios de los antiguos juzgados de Vigo. La actuación contemplaba una inversión aproximada de 20 millones de euros y quedó paralizada después de que el Ayuntamiento revocase la licencia urbanística que había concedido apenas unos meses antes.
El Consistorio justificó entonces su decisión en la necesidad de aclarar la titularidad del inmueble, una cuestión que sigue enfrentando a las dos administraciones. De hecho, aunque el pronunciamiento judicial sobre la licencia supone un revés para la posición municipal, todavía queda por resolver quién es el propietario del edificio y, por tanto, quién tiene derecho a disponer de él.