Representantes de Vox, en el lugar del accidente ferroviario de Adamuz
Vox pide medidas cautelares para evitar «la desaparición o alteración» de pruebas en el accidente de Adamuz
La formación «no va a permitir que este accidente quede impune, ni que se intente desplazar la responsabilidad hacia niveles técnicos intermedios»
La coordinadora nacional jurídica de Vox, Marta Castro, ha acudido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Montoro para conocer los avances judiciales tras el grave accidente ferroviario ocurrido en Adamuz el domingo 18 de enero, que ha causado 45 muertos y más de cien heridos. En este caso, Vox ha pedido medidas cautelares de «aseguramiento de la prueba».
Según ha detallado Castro en una nota, tras estar acompañada por representantes del partido, el objetivo de dichas medidas es «garantizar el acceso a la denominada 'zona cero' del accidente y evitar la posible desaparición o alteración de elementos esenciales para la investigación». Al respecto, Vox ha presentado una querella criminal contra el expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y contra el actual presidente del organismo, Luis Pedro Marco de la Peña.
Desde Vox consideran que «los hechos no responden a un fallo aislado, sino a una cadena de negligencias graves derivadas de la falta de mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias». Para Castro, «la responsabilidad se sitúa en el Ministerio de Transportes y en la dirección de Adif, señalando directamente al «ministro Óscar Puente y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez".
«Depurar todas las responsabilidades»
«Acudimos al Juzgado de Montoro para actualizar la información, conocer de primera mano el estado de las actuaciones y continuar impulsando este procedimiento judicial con un único objetivo: depurar todas las responsabilidades penales que correspondan, caiga quien caiga», ha explicado Castro.
La coordinadora nacional jurídica de la formación ha subrayado que «Vox no va a permitir que este accidente quede impune, ni que se intente desplazar la responsabilidad hacia niveles técnicos intermedios», cuando, a su juicio, «las decisiones políticas y la falta de inversión y mantenimiento dependían directamente del Gobierno central».
Desde Vox han insistido en que llegarán «hasta el final para que se esclarezcan los hechos, se garantice la conservación de las pruebas y se exijan responsabilidades políticas y penales por un suceso que puso en evidencia el deterioro del sistema ferroviario en España».