Centro Penitenciario de Alcolea

Una nueva agresión en la cárcel de Córdoba deja dos funcionarios heridos

CSIF denuncia que se revocó el traslado del preso a otro centro por su especial peligrosidad

A pocas horas de otro incidente en el que un recluso intentó agredir con cuchillas a los funcionarios, la Prisión Provincial de Córdoba ha sido escenario de otro altercado que se ha saldado con dos trabajadores heridos.

Según denuncia el sindicato CSIF, los hechos se produjeron durante el traslado de un interno al departamento de Aislamiento, que se saldó con dos funcionarios atendidos por los servicios médicos tras verse obligados a intervenir físicamente ante la resistencia activa del interno.

El sindicato detalla que los funcionarios del departamento de Aislamiento realizaban el traslado tras una comunicación familiar del interno E.G., ingresado en un departamento especial por haber sido «protagonistas o inductores de alteraciones regimentales muy graves, que hayan puesto en peligro la vida o integridad de los funcionarios, autoridades, otros internos o personas ajenas a la institución».

En un primer momento el interno mostró actitud de oposición y resistencia, los funcionarios intentaron reconducir la situación mediante la comunicación y la desescalada, y finalmente se inició el traslado con todas las medidas preventivas y de seguridad.

Sin embargo, CSIF informa de que «a mitad del trayecto el interno opuso una fuerte resistencia física y elevada agresividad, corriendo hacia el vial de la giratoria y fue necesaria una nueva intervención de reducción e inmovilización». Una vez conseguida la contención, se continuó el traslado hasta el departamento de Aislamiento, donde el Jefe de Servicios ordenó su permanencia en aislamiento provisional. Como consecuencia del forcejeo, dos funcionarios tuvieron que ser atendidos por los servicios médicos.

Un preso peligroso

Para CSIF, estos hechos «vuelven a poner de manifiesto la situación de riesgo permanente a la que se enfrentan los trabajadores penitenciarios, especialmente en intervenciones con internos que presentan antecedentes de conductas violentas». Añaden que el propio registro de antecedentes asociado al incidente «recoge diversos episodios recientes del interno, entre ellos resistencia pasiva y activa a órdenes, insultos, amenazas, coacciones e intentos de agresión a funcionarios e internos, registrados durante los meses de abril, mayo y junio de 2026».

Además, CSIF considera «especialmente grave» que el interno estuviera clasificado en el artículo 91.3 del Reglamento Penitenciario. A juicio del sindicato, esta circunstancia «evidencia la necesidad de adoptar medidas específicas de seguridad y garantizar que este tipo de internos permanezcan en establecimientos adecuados a sus características y nivel de conflictividad» y denuncia que inicialmente «se habría autorizado la conducción del interno a otro establecimiento, decisión que posteriormente fue revocada sin motivación, permaneciendo en el Centro Penitenciario de Córdoba».

El sindicato exige que «se expliquen los criterios que llevaron a modificar aquella decisión y quién asumió la responsabilidad de mantener al interno en un centro que, según denuncia CSIF, presenta una situación de masificación y graves carencias de personal».

Las reivindicaciones de CSIF

Ante estos hechos, reclaman la conducción inmediata del interno E.G. a un centro adecuado a su perfil de alta peligrosidad, el refuerzo urgente de la plantilla para una población que supera los 1500 internos, la dotación de medios de seguridad, incluida la implantación de dispositivos TASER y la reforma del régimen disciplinario para «dotar de herramientas reales frente a conductas violentas reiteradas».

De nuevo, el sindicato pide la equiparación retributiva con Cataluña y el Pais Vasco, la transferencia competencias sanitarias a las comunidades autónomas, ya que «la seguridad de los trabajadores no puede seguir supeditada a la falta de recursos y a decisiones administrativas que incrementan el riesgo».