La Fiscalía confirma un incremento del 45% del narcotráfico en la provincia de Córdoba

La Fiscalía General del Estado ha publicado su memoria anual de 2025, en la que se pone de manifiesto un incremento del 45% en las causas por tráfico de drogas durante 2025 en la provincia de Córdoba, en contraste con el descenso general, situándola entre las provincias con mayor crecimiento y la de más aumento en Andalucía.

Ese dato viene a corroborar lo que la Asociación Unificada de Guardias Civiles denunció hace unas semanas, cuando alertó de que en la provincia de Córdoba se incrementaron nada menos que un 1.649% las incautaciones de hachís en 2025 respecto al año anterior, muy por encima del crecimiento experimentado a nivel andaluz y nacional. Lo cierto es que la memoria de la Fiscalía confirma el diagnóstico de esta asociación sobre el narcotráfico y respalda sus demandas legislativas.

Por un lado, el Ministerio Público advierte del desplazamiento del narcotráfico «a zonas geográficas contiguas donde se espera menor presión policial», y AUGC lleva años avisando que, debido al endémico y cada vez más acuciante déficit de guardias civiles, la provincia cordobesa es utilizada por las organizaciones criminales como zona logística para el almacenamiento y distribución de grandes cantidades de droga desde las costas andaluzas hasta el resto del país e incluso hacia otros países europeos.

Por otro lado, la Fiscalía advierte que «la violencia y la pérdida de respeto al principio de autoridad es cada vez más visible y se siguen dando situaciones límite», coincidiendo con las denuncias de AUGC sobre la creciente impunidad y descaro con que actúan los narcotraficantes en todo el territorio andaluz, al ser conocedores de la falta de efectivos policiales y del grave déficit de medios materiales.

Además, la Fiscalía Antidroga constata en sus sucesivas memorias que la respuesta legislativa al narcotráfico es prácticamente inexistente, porque en los últimos años solo se ha producido una reforma, la tipificación como delito del denominado «petaqueo», regulación que AUGC llevaba cinco años reclamando.

Aunque Interior no quiera reconocerlo, manifiesta AUGC, y las instituciones provinciales no sean conscientes del problema, lo cierto es que los narcotraficantes y sus redes de apoyo están cada vez más asentados en esta provincia, con guarderías de droga, delincuentes más violentos y armas de fuego.

Y para poder luchar con eficacia contra esa delincuencia organizada, AUGC reclama el incremento de la plantilla provincial de la Guardia Civil con al menos 300 efectivos, el refuerzo de las unidades especializadas en la lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico, la dotación de medios adecuados y suficientes, la protección jurídica para los agentes, el endurecimiento de las penas y el reconocimiento como profesión de riesgo para guardias civiles y policías nacionales.

Mientras que a nivel autonómico, esta asociación considera que el Gobierno debe adoptar urgentemente una serie de medidas, como la restitución del OCON-Sur, la declaración como Zona de Especial Singularidad, el establecimiento de un plan plurianual para la renovación de medios navales, la dotación de medios no letales de interceptación, la protección frente al señalamiento de agentes y sus familias, el respaldo a las reformas legislativas propuestas por la Fiscalía,