La criminalidad se dispara un 8,4 % en Córdoba y la AUGC denuncia la falta de guardias civiles

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha difundido los datos del anuario estadístico del Ministerio del Interior correspondientes a 2025, en los que se constata un incremento del 8,4 % en las infracciones penales registradas en la provincia de Córdoba respecto al año anterior. Ese avance sitúa a Córdoba como la cuarta provincia española con mayor crecimiento y como la de más aumento en Andalucía. La subida supera con claridad la media nacional, que se limitó al 0,7 %, y la autonómica, del 1,7 %.

Según el anuario, en 2025 se esclareció el 46 % de los hechos conocidos. El número de detenciones e investigados creció un 4,2 % frente a 2024, a pesar del déficit de plantilla que, según AUGC, arrastran tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional en la provincia. Dentro de ese apartado, las detenciones e investigados de personas extranjeras aumentaron un 15,5 %.La asociación señala que la provincia acumula año tras año incrementos en las cifras de criminalidad y que, a su juicio, ni el Ministerio del Interior ni la Dirección General de la Guardia Civil han adoptado medidas para corregirlo. AUGC cifra en más de 200 las vacantes sin cubrir y recuerda que la plantilla se ha reducido un 9,8 % en los cuatro últimos años, con especial incidencia en los puestos de Seguridad Ciudadana repartidos por los municipios.

En el ámbito medioambiental, el anuario recoge 166 infracciones penales registradas el año pasado en la provincia, de las que se esclarecieron 154, el 93 %. Se alcanzaron 157 detenidos o investigados, un resultado que AUGC atribuye sobre todo al trabajo de los guardias civiles del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y también al de los puestos de Seguridad Ciudadana. Además, se contabilizaron 1.333 infracciones administrativas en materia de medio ambiente.

A la vista de esos datos, la asociación considera incomprensible que la Dirección General mantenga la plantilla del Seprona en Córdoba bajo mínimos e insista en reducir el número de patrullas y de efectivos de esa especialidad. Según AUGC, el propio Gobierno reconoció ese proyecto en una respuesta parlamentaria, aunque sin especificar a qué unidades y municipios afectaría.

La nota recuerda que Córdoba es la segunda provincia andaluza por extensión territorial y que dispone de un patrimonio natural de los más variados de la península, con espacios como los parques naturales de las Sierras Subbéticas, la Sierra de Cardeña y Montoro y la Sierra de Hornachuelos, o la reserva natural Lagunas del Sur, entre otros. El propio anuario de Interior indica que es la provincia andaluza con más armas y licencias para caza mayor y la segunda de todo el país, mientras que en armas y licencias para caza menor solo la supera Sevilla dentro de Andalucía.

En carretera, las denuncias formuladas por la Agrupación de Tráfico aumentaron un 22,6 % en 2025. Las de tráfico subieron un 28,7 % y las de transportes un 3 %. Los auxilios y rescates realizados por los guardias civiles de la Agrupación se mantuvieron estables. En paralelo, los kilómetros recorridos por ese personal se redujeron un 6,6 %, el número de patrullas descendió un 2,9 % y los detenidos e investigados por la Agrupación de Tráfico cayeron un 10,3 %.AUGC vincula esos porcentajes a la evolución de la plantilla: en los dos últimos años los efectivos de Tráfico en la provincia han bajado un 2,5 %, cuando, a su juicio, deberían haber crecido para atender las necesidades de seguridad vial.

Otro dato del anuario es que el centro penitenciario de Córdoba concentra la mayor población reclusa de Andalucía, con 1.429 personas. La Sección de Seguridad Penitenciaria de la Guardia Civil, encargada de la vigilancia y de las conducciones del centro, ha perdido un 7 % de sus efectivos en los dos últimos años. AUGC añade que, de forma casi diaria, parte de ese personal tiene que apoyar al Núcleo de Servicios, la unidad que asume la seguridad del acuartelamiento de Córdoba, sede de la comandancia provincial, por el déficit de plantilla que arrastra desde hace años.

A esas carencias se suman, según la asociación, el mal estado de los vehículos celulares utilizados para trasladar a presos y detenidos. Este verano causó baja definitiva uno de los tres que había, de modo que solo quedan dos furgones. Uno de ellos carece de cinturones de seguridad para los trasladados y dispone de asientos rudimentarios orientados lateralmente. Ambos vehículos tienen una antigüedad media de 15 años y superan los 230.000 kilómetros.