La inseguridad, la gran asignatura pendiente para las elecciones generales

A buen seguro que la erradicación de la inseguridad no formará parte destacada en los programas electorales para la cita del próximo 29 de noviembre. Se trata de una patata caliente que la mayoría de las formaciones trata de eludir en aras de una mal entendida impopularidad. Cuando se produce una reacción ciudadana se trata de aislar con una respuesta puntual cuando no se señala precisamente a quien trata de defenderse.

Lo mismo que el problema de la vivienda hace unos años, el de la seguridad ciudadana no ocupa los primeros puestos entre las precupaciones hoy día de los españoles. Ahora, se actúa cuando se protesta mientras la sensación de inseguridad crece de forma silenciosa y constante.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, respondió este verano a las acusaciones de los ceutíes que tenían una «sensación de inseguridad subjetiva», como si no fueran testigos directos de lo que ocurría día a día en sus propias calles. La mejor forma de combatir la subjetividad es confrontarla con la objetividad de los datos y a la vista de las estadísticas del Ministerio del Interior se puede concluir que en el caso de Córdoba los delitos conocidos -que no resueltos- han crecido considerablemente en los ocho años del mandato de Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España.

De estas cifras oficiales, el total de infracciones penales cometidas en la provincia de Córdoba entre 2018 y 2025 ha crecido nada menos que un 24,4%, al pasar de las 25.561 de 2018 a las 33.801 del pasado año.

El auge de los ciberdelitos

El crecimiento es prácticamente homogéneo en todas las tipologías aunque uno de los que más crece es el de los delitos informáticos, sobre todo a partir de 2020. La causa está en que la pandemia del coronavirus, y el consecuente confinamiento, disparó la compra de todo tipo de mercancías a través de internet.

Esto hizo que a partir de ese momento creciera exponencialmente el volumen de datos privados y bancarios, lo que hizo las delicias de los ciberdelincientes. En 2018 sólo se dieron 1.566 delitos de este tipo, que crecieron a 2.886 dos años más tarde, en el año del coronavirus. En 2021 subió a 3.172 y de ahí a los 6.868 de 2025.

Junto a los ciberdelitos, en estos ocho años también han subido considerablemente los delitos contra el patrimonio, que engloba hurtos y robos en todas las modalidades posibles. De los 17.775 del primer año del Gobierno de Sánchez se ha pasado a los 21.863, lo que supone un alza del 22,77%.

Los denominados delitos contra la seguridad colectiva agrupan cuestiones diversas, como el tráfico de droga y los delitos contra la seguridad vial. Estos tampoco se han visto privados del crecimiento en el periodo analizado, ya que según las estadísticas del Ministerio del Interior han pasado de 1.140 a 1.470, esto es, un 28,95%.

Delitos contra las personas y la libertad sexual

Una subida mayor aún la han tenido los delitos contra las personas, que son los homicidios dolosos, los asesinatos, las lesiones o los malos tratos en el ámbito familiar. En este caso, se ha pasado de los 2.676 de 2018 a los 4.001 de 2025, con una subida del 49,51%.

Muy relacionados con esta última tipología están los delitos contra la libertad sexual, que son los que más han crecido en Córdoba durante el mandato de Pedro Sánchez, en concreto un 53,59%, al pasar de sólo 181 a los 278 del pasado año. Las distintas tipologías de este tipo de delito han experimentado una subida en este periodo de tiempo, siendo la más escandalosa de todas la de las agresiones con penetración, que de las 18 habidas en el inicio del mandato se ha pasado a las 53, con una subida nada menos que del 194,4%. Las agresiones sexuales sin penetración, que pasaron de 112 a 174, crecieron un 55,36%.

Dentro de estos delitos contra la libertad sexual están también los del tráfico y consumo de pornografía de menores. Esta tipología, además de haberse mantenido prácticamente estable, ha tenido una ligera bajada, al pasar de los 17 de hace ocho años a los 12 del pasado año. Similar tendencia ha tenido en este periodo de tiempo los calificados como otros delitos contra la libertad sexual en la provincia de Córdoba, donde de los 31 de 2018 se ha pasado a los 33 dde 2025, con unos picos de 48 en 2020 y de 40 en 2022.