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La dependencia: una necesidad que crece a distinto ritmo que las ayudas

La lista de espera en Andalucía supera en la actualidad los 13 meses

La promulgación en 2006 de la conocida como Ley de Dependencia vino a cubrir una necesidad social sin contar con las herramientas adecuadas para una mayor eficacia. El Gobierno de la nación implicó en la gestión a todas las administraciones con una transmisión en cadena que pese a las dos décadas transcurridas aún no beneficia a todo el que lo merece y que genera diversos problemas.

Aunque los fondos destinados por las instituciones han crecido, es verdad que el número de beneficiarios crece a mayor velocidad, lo que hace que los recursos puestos a su disposición siempre resulten insuficientes. Por más que se presupueste nunca se alcanza una cobertura total.

Entre otras cuestiones, este hecho tiene una explicación demográfica y es que la denominada población ‘boomer’, que es la nacida entre 1958 y 1975, ya sobrepasa los 65 años de edad. Este segmento, que en España está calculado en 12,5 millones de personas, es el más ancho de la pirámide de población y conforme pasen los años irá necesitando de mayor atención.

Más beneficiarios, más prestaciones

Este crecimiento se puede ver en la evolución tanto de los beneficiarios como de las prestaciones activas en el periodo comprendido de 2018 a 2026, que coincide con los gobiernos de Pedro Sánchez. Según datos de la Delegación territorial de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía se ha pasado en estos años de 22.248 personas atendidas a 39.160 y las prestaciones activas también han subido de 29.536 a 63.301, lo que supone un incremento aproximado del 114,3% sin perder de vista que una misma persona puede recibir más de una prestación según su valoración.

Como se ha dicho, en la gestión de la Ley de Dependencia están implicadas todas las administraciones y cada una de ellas tiene un cometido concreto. Al Gobierno central, a través del Ministerio de Derechos Sociales se establecen los parámetros protegidos por la ley y se aporta la correspondiente subvención. La Junta de Andalucía, por su parte, tiene la responsabilidad de valorar a los solicitantes de la prestación, establecer el grado de la misma, resolver los expedientes y fijar la cantidad a recibir a través de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia.

El gasto en la provincia

En el pleno municipal el cometido se encuentra repartido. La Diputación Provincial, a través del Instituto Provincial de Bienestar Social gestiona la ayuda a domicilio en los municipios menores de 20.000 habitantes en colaboración con los respectivos ayuntamientos. En el caso de los que superan esta población, como ocurre con la capital, son los propios consistorios los que se encargan de la ayuda a domicilio con el respectivo convenio con la Junta de Andalucía.

Para conocer la realidad a día de hoy, en 2026 esta previsto el destino de 135,7 millones de euros para toda la provincia de Córdoba, de los que 96,3 millones son aportados por la Junta de Andalucia y los 39,5 millones restantes por el Gobierno de la nación.

Como se ve, la Administración andaluza es la que pone la mayor cantidad de dinero para atender las necesidades derivadas de la Ley de Dependencia. El Gobierno autonómico mantiene la reclamación de una mayor implicación del Estado en esta materia, algo que tímidamente se ha visto en los últimos años, cuando la aportación del Gobierno central ha pasado del 19,7% en 2020 al 34,9% en 2024.

La ayuda a domicilio

Las prestaciones que se conceden al amparo de esta normativa no son exclusivamente ayudas económicas, sino que el abanico de servicios que ofrecen las distintas administraciones a los dependientes es de lo más variado y va desde las prestaciones a la ayuda a domicilio, pasando por las plazas en residencias públicas o concertadas.

La ayuda a domicilio, con todas sus múltiples variantes, es uno de los pilares sobre los que se sustenta el apoyo a los dependientes, que, según el grado reconocido por la Junta de Andalucía, la reciben de un tipo o de otro, con más o menos horas o en uno, dos o más días a la semana. La demanda creciente ha hecho que en la provincia de Córdoba el Instituto Provincial de Bienestar Social haya pasado de los 44,88 millones presupuestados en 2021 a más de 72 millones en 2025 para atender las necesidades de los municipios menores de 20.000 habitantes.

El crecimiento de la demanda de beneficiarios de la Ley de Dependencia conlleva otros problemas colaterales aparte del incremento anual de las partidas destinadas a tal fin. Cada expediente hay que tramitarlo en un tiempo que excede con mucho lo que el solicitante desearía. Aun así los plazos son excesivamente dilatados cuando hablamos de una situación de necesidad que en algunos casos no admite demora alguna.

Aunque los datos no están provincializados, en Andalucía se ha alcanzado un máximo de espera de más de 1.200 días y el Gobierno andaluz se ha propuesto reducirlo con resultados que pese a ser buenos todavía no son óptimos. La espera hace un año era de 534 días y en octubre de 2026 está registrada en 396, lo que supone 13 meses.