Agricultores y autónomos ven insuficientes las medidas energéticas del Gobierno

Las medidas energéticas y fiscales aprobadas por el Gobierno de Sánchez para contener el encarecimiento de los carburantes han generado una respuesta crítica en sectores como los autónomos y los agricultores, que coinciden en que el paquete resulta insuficiente para afrontar el incremento de costes que ya afecta a sectores clave de la economía provincial, especialmente el transporte y el campo.

El decreto, en vigor desde el pasado fin de semana tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, articula un paquete basado en la rebaja de impuestos y ayudas directas. Entre las principales medidas figura la reducción del IVA del 21% al 10% en carburantes, electricidad y gas, así como la bajada del impuesto especial eléctrico al mínimo legal y la suspensión del gravamen sobre la producción de energía eléctrica. A ello se suma la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible para sectores profesionales, junto a ayudas específicas para fertilizantes y apoyo a la industria electrointensiva.

En términos generales, el objetivo del Gobierno es amortiguar el impacto inmediato del alza energética en hogares y empresas, pero el tejido productivo cordobés considera que el alcance de estas medidas es limitado.

Críticas desde el campo y los autónomos

El presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor, reconoce que el Ejecutivo ha respondido parcialmente a las demandas del sector, pero insiste en que el paquete «nos parece insuficiente», especialmente en lo que respecta al transporte, uno de los ámbitos más sensibles al precio del combustible.

Amor advierte de que «hace falta tomar más medidas para que no se encarezca todavía más y suba la inflación», subrayando que el impacto de los costes energéticos puede trasladarse de forma directa a los precios finales si no se actúa con mayor intensidad.

Desde el sector agrario, Asaja Córdoba mantiene una posición similar. Tras analizar las medidas adoptadas, la organización considera que tienen un carácter «meramente coyuntural» y que no abordan los problemas estructurales que arrastra el campo, como el aumento sostenido de los costes de producción y la falta de rentabilidad de las explotaciones .

En este sentido, Asaja advierte de que el efecto de las ayudas dependerá en gran medida de la duración de la crisis energética y señala que, si se prolonga en el tiempo, las medidas resultarán claramente insuficientes para sostener la viabilidad del sector.

Cómo funcionan las ayudas al campo

Dentro del paquete aprobado por el Gobierno, el sector agrario se beneficia de dos líneas principales. Por un lado, la ayuda de 20 céntimos por litro de gasóleo agrícola, cuyo cálculo se realizará a partir del consumo declarado en 2025 y que estará vigente entre el 22 de marzo y el 30 de junio. Por otro, se incluyen ayudas directas a fertilizantes, con importes de 22 euros por hectárea en secano y 55 euros en regadío, con un límite de 300 hectáreas por explotación .

A estas medidas se añade una línea de financiación a través de créditos ICO avalados por el Estado, que Asaja valora con cautela al considerar que, aunque aporta liquidez, incrementa el endeudamiento de un sector ya presionado económicamente.

Impacto desigual entre hogares y empresas

El economista y colaborador de La Voz de Córdoba, Samuel Díaz, pone el foco en el cambio de enfoque del Gobierno, que ha optado por rebajas fiscales en lugar de bonificaciones directas por consumo, como ocurrió en 2022.

Según explica, esta estrategia permitirá un ahorro directo en los hogares. En el caso de un consumidor medio, el ahorro puede situarse entre 8 y 9 euros por depósito, lo que podría alcanzar los 40 euros mensuales.

No obstante, Díaz introduce un matiz relevante para el tejido productivo: «más que rebajas, en muchos casos han sido mantener lo que ya se tenía», lo que limita el efecto real en sectores como el agrario o el empresarial, donde el coste energético, como ya se ha apuntado, sigue siendo un factor determinante.

Además, advierte de que el contexto actual añade incertidumbre, ya que la evolución de los precios dependerá en gran medida de la duración del conflicto internacional y de su impacto en los mercados energéticos.