El Tribunal Constitucional: de guardián de la Carta Magna a tribunal de tercera instancia

En la teoría, el Tribunal Constitucional tiene una función clara: garantizar la primacía de la Constitución y actuar como el máximo intérprete de la norma fundamental. En la práctica, sin embargo, este noble propósito se ha diluido en un mar de injerencias, excesos competenciales y un descarado servilismo político que haría ruborizarse a cualquier jurista con un mínimo de dignidad.

La más reciente mutación del Tribunal Constitucional lo ha convertido en una suerte de tercera instancia revisora de las sentencias del Tribunal Supremo. Aunque el recurso de casación debería marcar el límite del debate jurídico en la cúspide del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional ha asumido un rol que jamás le correspondió: reexaminar sentencias firmes no desde una óptica constitucional, sino con el descaro de un tribunal ordinario. Si el Supremo no dice lo que interesa a quienes manejan los hilos del Constitucional, siempre queda el recurso de amparo, que, en su aplicación actual, no es más que una casación encubierta, en el mejor de los casos, cuando no una vía de escape de responsabilidades penales para «aforados» de este Tribunal Constitucional.

El Tribunal Constitucional no está diseñado para actuar como un órgano jurisdiccional ordinario. Su función se circunscribe a cuestiones estrictamente constitucionales y sobre interpretación y defensa de los derechos fundamentales reconocidos en la Carta Magna. Sin embargo, en los últimos tiempos, ha reinterpretado este mandato con una laxitud digna de un contorsionista. Ya no se limita a garantizar el respeto a los derechos fundamentales, sino que se erige en una instancia superadora del Tribunal Supremo, corrigiendo sentencias a golpe de mayoría ideológica.

A diferencia de los magistrados del Tribunal Supremo y demás órganos jurisdiccionales, que son jueces de carrera, los miembros del Tribunal Constitucional no acceden al cargo por mérito y oposición, sino que son designados por los grupos políticos, lo que convierte al Tribunal Constitucional en una pieza clave del tablero de poder.

El problema no es solo la extralimitación de funciones, sino la flagrante deslegitimación del Tribunal Supremo. ¿De qué sirve un Tribunal Supremo si el Tribunal Constitucional puede corregirlo como si de un profesor de primaria se tratara? ¿Para qué tanto esfuerzo en desarrollar jurisprudencia si basta con un grupo de magistrados políticamente afines para dictar doctrina a conveniencia?

Si hay una figura que encarna este giro del Tribunal Constitucional hacia la sumisión política, ese es su presidente, Cándido Conde-Pumpido. Su trayectoria es la de un jurista con un marcado alineamiento político, que ha logrado que el Constitucional se convierta en un apéndice del poder ejecutivo de turno.

El exfiscal general del Estado ha demostrado con creces su capacidad para poner la toga al servicio del poder. Recordemos aquella frase cuando era Fiscal General del Estado de «mancharse las togas con el polvo del camino» para justificar la negociación de Zapatero con ETA.

Su concepción de la justicia no es la de la independencia, sino la de la utilidad. Como buen operador político, ha entendido que el Tribunal Constitucional no es un tribunal en el sentido estricto, sino un instrumento de validación de decisiones políticas. Su liderazgo ha convertido al Tribunal Constitucional en un órgano que resuelve no tanto en Derecho, sino en función de la conveniencia de su entorno ideológico.

Con Conde-Pumpido al frente, el Constitucional ha abrazado la doctrina de la reinterpretación oportunista, especialmente cuando las resoluciones del Supremo no resultan acordes con los intereses del gobierno. No se trata de hacer justicia, sino de hacer política con toga.

Si el Tribunal Constitucional sigue actuando como una tercera instancia con inclinaciones políticas descaradas, el futuro del ordenamiento jurídico español se vuelve sombrío. La división de poderes se debilita y la seguridad jurídica se resquebraja. Cuando los ciudadanos observan que las decisiones judiciales pueden ser reescritas no en virtud del derecho, sino de la conveniencia política, la confianza en las instituciones se diluye.

El Constitucional debe recordar su función original: velar por la Constitución, no por los intereses de quienes lo controlan. De lo contrario, pronto dejará de ser un tribunal de garantías para convertirse en un simple notario del poder, firmando sentencias a la carta con el único objetivo de agradar a sus amos políticos.

El problema no es solo jurídico, sino institucional. Un Tribunal Constitucional politizado es una amenaza para la democracia, porque deja de ser un contrapeso y se convierte en un colaborador necesario de los excesos del poder ejecutivo. Y cuando la justicia deja de ser independiente, deja de ser justicia.