El precio de la prodigalidad

Quien malgasta de forma habitual y desordenada su patrimonio es conocido como una persona pródiga, es decir, un sujeto que dilapida sus bienes de forma injustificada en perjuicio de su propia subsistencia y de la de quienes de él dependen. Tenemos un Gobierno que ha hecho de la prodigalidad su norma de conducta. Y en consecuencia, tenemos un Gobierno que está poniendo en peligro la economía nacional y las políticas sociales del futuro, esas que pretende utilizar como definitorias de su gestión pública, con un buenísmo ayuno de rigor administrativo y tan nocivo como el de un padre que educa a sus hijos en la francachela y la orgia irresponable.

La alegria con la que Zapatero subvencionó a las renovables, y el recorte que hubo que realizar, lleva ya provocadas condenas al Reino de España de distintos tribunales internacionales, que ascienden, después de los últimos 469 millones de euros impuestos por los de Australia, a un total de 10.635 millones.

La forma jubilosa con la que se dilapida el dinero público se está financiando con una deuda pública que asciende al 102,3 % del PIB, y cuyo nivel debiera haber descendido más considerando el fuerte incremento de la presión fiscal, con cifras récords de recaudación, y la no deflactacion impositiva por consecuencia de la inflación acumulada desde 2022, superior al 14 %, todo lo cual está comprimiendo las economías familiares que lo notan en la cesta de la compra. Como advirtió el Banco de España, los contribuyentes pagan más porque el IRPF no ajusta sus tramos a la subida de los precios, lo que a un Gobierno derrochador le trae sin cuidado.

España se sitúa en las zonas más bajas en su índice de productividad, lo que implica que, pese a tener más gente ocupada, la productividad total no sube, circunstancia que los expertos achacan al bajo valor añadido de los empleos, al tamaño mastodóntico de la administración pública, a un mercado laboral rígido y a la escasa inversión en sectores punteros y en I+D.

Pese al descenso en el número de parados, España sigue liderando el nivel europeo de desempleados, con la grave incidencia del mismo en el paro juvenil y en el hecho de que el 30 % de los desempleados lo son de larga duración. Y hay algo que es indicativo de la verdadera situación de los hogares españoles, el pluriempleo: con una tendencia creciente, cerca de un millón de españoles están pluriempleados porque solo así pueden llegar a fin de mes, con la pequeña trampa estadística, que tanto gusta al Gobierno, de aparecer diversas altas de cotización provocadas por el mismo trabajador.

La última prueba de la pérdida de poder adquisitivo de las familias han sido las cifras de consumo del turismo nacional que han bajado más de un 10% respecto al año anterior, al tiempo que se han perdido cerca de 200.000 empleos a final de agosto, incrementándose en unos 22.000 el número de parados. El engañabobos ese de los fijos discontinuos tiene mucho que ver en la tozuda triste realidad.

Por si fuera poco se da la paradoja de que cada vez hay personas que, entre las ayudas, las paguitas y otras regalías ganan en casa tanto como quienes madrugan y trabajan, con el pernicioso efecto social que ello implica. Tales circunstancias explican los alarmante avisos sobre la sostenibilidad de unas pensiones cuyo promedio casi iguala al de los salarios medios. Como advierten los expertos, es imposible mantener el nivel de unas pensiones altas sostenidas insuficientemente por unas cotizaciones bajas, cuyo promedio corresponde a empleos de pequeña o mediana entidad y una ratio de 2,4 cotizantes por pensionista.

Si a todo lo anterior se añade que los fondos europeos están salvando, con algún trampeo y utilizando disposiciones extraordinarias aprobadas para combatir la pandemia, unas atenciones sin soporte de presupuestos que las avalen, y que en 2026 terminan los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el mantenimiento de unas cuentas sin presupuestos es técnicamente imposible, sin más camino que seguir incrementando, a mayores costes, la deuda pública. Una deuda pública como la autonómica que, para pagar el dispendio de quienes no respetan el orden constitucional, hemos de asumir todos, castigando a los buenos gestores y premiando a los despilfarradores.

Ya Zapatero dejó a España arruinada y al borde de la intervención, pese a que tres días antes presumía de estar en la «champion ligue» de la economía. Su discípulo Sánchez presume de ir la economía española como un cohete. Esperemos que el artefacto en cuestión no termine siendo un petardo explotado por personas poco competentes para el cometido encomendado. Porque la triste realidad de todo esto es que la prodigalidad presente la van a pagar las jóvenes generaciones del futuro, para las cuales ya resulta imposible acceder al derecho básico de disfrutar de una vivienda, tanto en propiedad como o en alquiler.

Estas cosas, y su falta de rigor, suelen ocurrir cuando se encomienda la gestión del interés general a una cuadrilla de indocumentados, al servicio de unos pocos aprovechados, pródigos y derrochadores, que desconocen lo difícil que es abrir un negocio todos los días o levantarse para cumplir una jornada laboral eficiente.